Momentos antes de que el féretro del general Abdel Fatah Yunes fuera depositado en la tierra, el estruendo de las ametralladoras y las baterías antiaéreas rompió el recogimiento y llenó el aire de olor a pólvora. Era el último homenaje al todopoderoso jefe militar de la rebelión libia, cuyo cadáver, tiroteado y carbonizado, había sido hallado esa misma mañana del 29 de julio en un barrio de Bengasi, la capital insurgente. El Gobierno rebelde acusó del asesinato a un comando de Muamar el Gadafi. Los indicios, sin embargo, apuntan a un ajuste de cuentas interno. Varios dirigentes sociales piden dimisiones, la familia de Yunes exige explicaciones y su tribu, los Obeidi, clama venganza. El caso se ha convertido en la prueba de fuego para la credibilidad internacional de las autoridades de Bengasi y amenaza con dinamitar la cohesión de los rebeldes.

"Todo parece indicar que fue una traición". Los hijos del general Yunes han dejado atrás su prudencia y no ocultan su indignación. Uno de ellos, Mutasem, explicaba a la agencia Reuters que se había enterado de la muerte de su padre por televisión, que el Consejo Nacional de Transición (CNT, el Gobierno rebelde) no les da ninguna información y que la prometida investigación ni siquiera se ha puesto en marcha. La familia amenaza con recurrir a los tribunales internacionales. "Y si nadie hace justicia, entonces será la tribu quien la haga". Muchos en el clan Obeidi, que con 400.000 integrantes es uno de los principales de Libia, acusan al CNT de proteger a los asesinos o, directamente, de estar implicado en el crimen.

Y es que, preso de sus propias contradicciones, el Gobierno rebelde ha sido incapaz de ofrecer una explicación coherente en un caso que le salpica de lleno. De lo poco que se sabe, el general Yunes debía comparecer el jueves 28 de julio ante una comisión judicial que investigaba "asuntos militares", por lo que, por orden del CNT, una nutrida brigada fue a buscarlo la noche anterior a su puesto de mando en el frente de Brega, a unos 200 kilómetros al suroeste de Bengasi. Una versión habla de una simple citación para analizar cuestiones técnicas. Otra versión asegura que Yunes había sido arrestado por graves errores tácticos, o incluso por traición.

Sea como fuere, el general nunca llegó a su cita. El jueves por la noche, después de todo un día de rumores, Mustafá Abdel Yalil, presidente del CNT, anunció que Yunes y dos coroneles que le acompañaban habían sido asesinados en una emboscada y dejó entender que se trataba de un comando gadafista. Apenas había terminado de hablar Abdel Yalil cuando un puñado de leales al general la emprendía a balazos contra el hotel donde se celebraba la conferencia de prensa, señal inequívoca de que no se creían una sola palabra.

El hallazgo de los cadáveres semiquemados, al día siguiente, enconó aún más los ánimos. Las autoridades responsabilizaron entonces del crimen a una brigada local, la Obaida Ibn Jarraf, integrada por islamistas. Había una explicación plausible. Los islamistas se habrían vengado del hombre que los reprimió duramente cuando era ministro de Interior de Gadafi. En efecto, hasta la revuelta popular del 17 de febrero, Yunes había sido un hombre cercano al dictador. Pero cuando Gadafi decidió responder a la protesta con una guerra abierta, el general tomó partido por su gente, en el este del país. También lo hizo el ministro de Justicia, que no era otro que Abdel Yalil, originario como él de la Cirenaica. Acompañado por miles de sus hombres, el general Yunes fue decisivo en la defensa de Bengasi, salvada in extremis por la aviación francesa de una destrucción segura.

Tampoco se le ocultaba a nadie la animadversión que Yunes suscitaba en otros compañeros de armas, como los generales Jalifa Heftar y Omar Hariri, que le habían disputado abiertamente el mando militar de las fuerzas rebeldes.

Para añadir aún más confusión, cuatro días después de la muerte de Yunes se registró en Bengasi un duro enfrentamiento, con armamento pesado, entre dos milicias, que duró ocho horas y dejó al menos una decena de muertos. De nuevo, la versión oficial habló de un numeroso grupo armado vinculado a Gadafi que se negaba a someterse a la autoridad rebelde. "Quintacolumnistas", dijeron.

Resulta sorprendente que los responsables militares y policiales del CNT no sepan a estas alturas lo que sucedió con el general Yunes. A la espera de las conclusiones de la comisión de investigación, el caso ha puesto de manifiesto la ausencia de un mando efectivo sobre las diferentes milicias armadas. ¿Cuántas? No se sabe con certeza, pero sobrepasan la treintena. La sublevación civil contra el régimen, el asalto a los arsenales y el caos reinante las primeras semanas alentó la formación de grupos de autodefensa. El más poderoso de todos, la Brigada 17 de Febrero, integra a unos 2.000 hombres y, además de nutrir el frente de batalla, se ha convertido en la policía política de los rebeldes. A esta brigada se le vincula con algunos asesinatos selectivos de presuntos gadafistas y fue responsable del homicidio, en mayo, de un exmilitar francés, jefe de una compañía privada de seguridad. Algunos guardaespaldas del general Yunes acusaron a este grupo de estar detrás de la muerte de su jefe, algo que el fundador de la brigada, el ingeniero Fauzi Bukatef, niega.

Bukatef es hoy viceministro de Defensa. En un intento por poner orden en las filas rebeldes, el CNT decidió incorporarlo al Gobierno junto a su segundo, Mustafá el Saguisli, hoy número dos de Interior. Ambos intentan someter a las milicias bajo el paraguas de la Unión de Fuerzas Revolucionarias, si bien fuentes rebeldes reconocen que por lo menos un 10% de los grupos armados siguen fuera de control.

Espantadas por el cariz de los acontecimientos, varias organizaciones civiles que protagonizaron la rebelión contra Gadafi han exigido la dimisión del ministro de Defensa, Yalal al Digheily; del propio Bukatef y de Ali al Esaui, exembajador gadafista en India y hoy encargado de los asuntos internacionales del CNT, quien supuestamente ordenó la detención de Yunes. La llamada Coalición 17 de Febrero, que integra además a influyentes jueces y abogados, considera que la muerte de Yunes es un "acto terrorista" que ha afectado "el ánimo de los combatientes" y exige la disolución de todas las milicias armadas. "La única fuerza legítima es el Ejército nacional", señala.

Además de abrir graves brechas internas, el asesinato del máximo jefe militar rebelde amenaza con cuartear la imagen internacional de un Gobierno interino que realiza inmensos esfuerzos por preparar la transición democrática y que ha sido ya reconocido por una treintena de países. Sus aliados esperan una respuesta convincente. Algunos, como EE UU, no han dudado en lanzar una seria advertencia a los responsables políticos de Bengasi: el caso Yunes va a poner a prueba la voluntad real de las nuevas autoridades de actuar con transparencia y abrir un futuro distinto para Libia.