Esto es lo que explica Franklin López Buenaño en su excelente libro Desahucio de un proyecto político: El porqué del fracaso del Socialismo del Siglo XXI (Editorial Temístocles Hernández, febrero de 2011). La tesis de este libro es tremendamente "políticamente incorrecta" pues López asevera que: “la planificación y la redistribución [realizadas por el Estado], conducen inexorablemente al país a la autocracia”. Este libro no es una defensa de la derecha, puesto que señala que esta también contribuyó a crear un Estado planificador y redistribuidor.

El libro nos recuerda que fue la dictadura militar de 1963 la que se volcó a las ideas de planificación estatal de la CEPAL, una agencia económica de la ONU. En ese entonces se crearon el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el Centro de Desarrollo (CENDES), el Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional (CFN). Entre 1971 y 1990 se crearon 61 empresas estatales (FLOPEC, CEPE, TAME, Empresa Nacional de Productos Vitales – ENPROVIT, por ejemplo).[1] Todo esto se hizo con el argumento cepalino de que había que “corregir las fuerzas ‘inequitativas’ del libre comercio y del mercado”.

Luego de las dictaduras militares vino la democracia, pero el sistema de gobierno con un alto grado de intervención estatal no fue alterado y esto tuvo consecuencias desastrosas que solo derivaron en cada vez mayores intervenciones (y una creciente desinstitucionalización del país). López afirma que: “La ironía más grave en toda esta historia es la calificación de ‘neoliberales’ a los gobiernos de las últimas décadas, cuando lo que hemos vivido es un camino desbocado al socialismo . . . Como en los últimos 28 años de democracia no se ha resuelto el problema de la pobreza, entonces, los gobiernos ‘no han sido de izquierda’. He ahí la falacia y el engaño”.

López describe a los presidentes de ese periodo, por ejemplo: Jaime Roldós, abiertamente socialista; Oswaldo Hurtado, quien en ese entonces sostenía tesis socialistas; León Febres Cordero, quien siendo de derecha, decía ser “capitalista de la línea de Europa” y llegó a proponer una ley de control y regulación bancaria verdaderamente estatista.

Según los economistas Pedro Romero y Fabián Chang entre 1965 y 1980 el gasto del Estado como porcentaje del PIB pasó de 9,5% a 22,5%.[2] Una vez que volvimos a la democracia, el tamaño del Estado nunca volvió a estar por debajo del 21%. En 2010 el gasto público llegó a constituir 40% del PIB.

La creencia de que se puede planificar la economía, de que es necesario redistribuir la riqueza y controlar las actividades privadas ha estado ahí siempre, la han compartido todos los que han gobernado el país desde 1963 (los militares y los políticos de izquierda y los de derecha). Lamentablemente, muchos ecuatorianos siguen creyendo en eso. El economista Manuel Ayau explicaba que si un auto está dañado, este no va a empezar a andar si solo se cambia el conductor. Aquí seguimos pensando que el problema es el conductor, nunca cuestionamos el auto.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 29 de junio de 2011.

Referencias:

1. Romero, Pedro y Chang, Fabián. “Hacia una política fiscal sostenible: 1830-2002”. Tesis de Graduación de ESPOL. 16 de mayo de 2003.

2. Ibid., López Buenaño.