En 2007, durante la 76 asamblea general de Interpol, se ratificó por amplia mayoría las circulares rojas que ordenan la captura prioritaria de cinco ciudadanos iraníes, requeridos como sospechosos del atentado a la AMIA. A partir de ese momento, los acusados deben ser buscados y detenidos en cualquier lugar. 

En su afán de desafío, Ahmadinejad designó como ministro de la defensa a uno de los imputados, Ahmad Vahidi, quien en días recientes protagonizó un incidente en Bolivia, a donde fue invitado para celebrar el aniversario del Colegio Militar de Aviación. 

Tras ciertas quejas, el canciller boliviano, David Choquehuanca, justificó que desconocía los antecedentes del ministro iraní y por ello solicitó su marcha inmediata. Resulta extraño, por no darle calificativos más serios, que se ignore una disposición ligada al mayor caso de terrorismo en Latinoamérica. Además, trasciende por evidente que Vahidi se sintió seguro al salir de Irán y mostrarse en público, al lado de Evo Morales, en Santa Cruz de la Sierra. De regreso, aseguró que "la expansión de todo tipo de cooperación con Latinoamérica goza de preferencia en la política exterior" iraní. 

Vahidi debió ser detenido en suelo boliviano; el incumplimiento de la orden de captura coloca al país del Altiplano en situación cómplice, ante lo cual Argentina e Interpol tendrían que tomar medidas concretas y no aceptar la burla descarada del gobierno boliviano, cuya acción constituye un claro obstáculo a la observancia de la justicia.