Los consultores económicos han decidido casi de modo unánime, de ahora en más, no mencionar siquiera públicamente que hacen tal o cual relevamiento de precios, para evitar que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno siga avanzando con los mecanismos que ya ha utilizado para coaxionarlos, hasta ahora con intimaciones y multas, por infracción al artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial, que fueron recurridas ante la Justicia.
Los funcionarios han dicho que la decisión administrativa fue tomada luego de
que el INDEC, como juez y parte, analizara y diera cuenta de “numerosas
inexactitudes, inconsistencias y debilidades metodológicas” en las proyecciones
y mediciones que realizaron esas consultoras en torno a proyección de la
evolución de la inflación y el incremento del índice de Precios al Consumidor,
entre otros relevamientos, pero el objetivo fue decididamente otro.
Si bien el artículo en cuestión “prohíbe la realización de cualquier clase de
presentación, publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos
pueda incurrir a error, engaño o confusión respecto de, entre otras cosas, el
precio y condiciones de comercialización de bienes muebles, inmuebles o
servicios”, el fin más claro de los requerimientos de Moreno ha sido censurar al
mensajero.
Es probable que el propósito de acallar por extensión las voces de aquellos
que no registran el mismo pensamiento del oficialismo, tenga como correlato, en
cualquier momento, un nuevo embate de las huestes oficiales sobre el periodismo
que decida difundir como noticia otros índices que no sean los oficiales o bien
el precio del dólar paralelo o el valor del contado con liquidación o el monto
de la fuga de capitales.
En este aspecto, el callarse la boca por temor que han adoptado los
economistas no ayuda al contexto de la transparencia de la información que debe
asegurar el periodismo para que los ciudadanos estén bien informados y puedan
tomar mejores decisiones y mucho menos si ese temperamento se extiende a los
medios aún independientes, los que son calificados por el oficialismo como
opositores por no prestarse a difundir como le gustaría al gobierno nacional sus
supuestos logros o bien por reiterar lo que a su juicio son noticias negativas o
bien por sacarlas de contexto.
Estos mismos defectos, en todo caso, pueden serle achacados también al
aparato gubernamental de regimentación de la prensa que tiene su ariete en el
programa 6 7 8 de la Televisión Pública y que crece día a día en gráfica, radio,
TV digital, canales de cable, páginas web, blogs y redes sociales financiado con
dinero de los contribuyentes.
Toda esta cadena oficial más el Fútbol para Todos, un verdadero multimedios
propagandístico que crece al amparo de la supuesta pluralidad de la Ley de
Medios, acaba de recibir un muy duro golpe a su pretendida credibilidad, debido
a la intervención en 6 7 8 de la filosa catedrática Beatriz Sarlo.
A puro vigor de pensamiento, Sarlo se las arregló para poner en la fila del
descrédito a los panelistas del programa, que habían sido reforzados con las
presencias nada casuales de Ricardo Forster y Gabriel Mariotto, y para aplastar
como si fuese una aplanadora su habitual soberbia, desde la autoridad de su
versación y análisis. Con la valentía que mostró a la hora de decir lo que
quería decir para defender valores y principios, la escritora demostró con toda
claridad que no hay peor censura que la autocensura.
En este sentido, son muchos los periodistas y medios que por estas horas se
están cuestionando hasta dónde su silencio no ha sido parte del problema que
acaba de salir a la luz con el caso de Sergio Schoklender. Algunos por sincero
respeto, pero otros por temor a los intimidantes escraches públicos, se habían
mantenido hasta el momento callados para no decir nada que pudiera rozar a Hebe
de Bonafini en el manejo de fondos de la Organización Madres de Plaza de Mayo,
ni aún para criticar sus exabruptos sobre la caída de las Torres Gemelas o sobre
la actuación de la ETA.
Hoy, cuando Bonafini y los suyos han quedado expuestos casi al borde de la
malversación de fondos públicos, ya son pocos los que pueden justificar el
negociado inmobiliario que administraba Schoklender. No sólo porque está claro
que se le otorgó una patente de corso para construir viviendas sociales en
nombre del Estado sin licitación pública ni concurso de antecedentes, sino
porque el costo de esas construcciones más que duplicaba el valor standard de
otras similares. Y, lo peor, que la Fundación Sueños Compartidos jamás fue
auditada por los organismos oficiales para saber si lo que hacía lo hacía bien y
sin desvíos.
Por más que los ministros del gobierno nacional, probablemente por órdenes
superiores, hayan salido a despegar políticamente a Bonafini de Schoklender y
que el caso haya ingresado en la esfera penal, bien difícil se le hará a Moreno
no aplicarle a pleno también a la Fundación de las Madres el controvertido
artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial, sobre todo en la parte que habla de
“engaños” sobre el precio.
El Alerta Económico Institucional es una publicación del Programa de
Análisis Político y Económico Regional de CADAL, cuyo objetivo es llamar la
atención sobre las iniciativas políticas que impactan negativamente en el clima
de negocios e inversiones de largo plazo en la Argentina, con las consecuencias
sociales e institucionales que ello genera.