Uruguay pasó estas semanas por una situación política muy particular, a raíz de la aparición en la agenda política y parlamentaria de un proyecto de ley de derogación de la amnistía para militares que violaron derechos humanos durante la última dictadura. Después de una dramática sesión en el Congreso, el proyecto quedó sepultado en la madrugada del viernes 20 de mayo.
El presidente José Mujica estaba abiertamente en contra de la iniciativa de
su propia coalición, el Frente Amplio (FA). Invocaba como razón principal los
dos referendos en los que, en 1989 y 2009, la ciudadanía desechó derogar la
amnistía para los militares. Después de la media sanción en el Senado, el pasado
12 de abril_-ciertamente traumática, por la renuncia a su banca del histórico ex
guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro- de dos plenarios del FA y de una
inusual visita del presidente Mujica al bloque oficialista en la Cámara de
Diputados, finalmente se fue a la votación decisiva.
Allí hundió la iniciativa un diputado disidente, Víctor Semproni, quien
incluso rechazó una apelación del propio Mujica, que invocó razones de unidad
partidaria para formular ese peculiar pedido.
La oposición blanco-colorada señaló además que el expediente hallado por el
FA para conformar al presidente Mujica, o sea, convocar por ley a un referendo
sobre la ley derogatoria de la amnistía, era claramente inconstitucional. Es que
para convocar a referendo la Constitución determina que debe reunirse
determinada cantidad de firmas de ciudadanos (el 25% del cuerpo electoral), en
lugar de hacerlo meramente por una ley ordinaria.
En cualquier caso, el enrevesado proceso ha dañado ciertamente la imagen de
Mujica: según el último sondeo de Interconsult, publicado el 16 de mayo, el
presidente cayó a 41% de apoyos del 50% de hace tres meses. Este viernes 20 de
mayo, horas después de la dramática votación en Diputados, César Aguiar,
director de la consultora Equipos Mori, consideró que “este es un punto de
inflexión para el presidente. Parece difícil que salga indemne de este
episodio”. Su colega Luis E. González, de la empresa Cifra, aseguró que “la
posición del presidente fue derrotada y habrá consecuencias negativas para su
liderazgo”.
La lectura política que puede hacerse de este confuso y ciertamente costoso
proceso, es que la izquierda interna del FA, que es muy ideologizada y
dogmática, encontró la oportunidad para “darse el gusto”, después de años de
vivir a dieta moderada bajo la presidencia de Tabaré Vázquez y en este primer
año de Mujica. “¡Por fin logramos meter una!”, habrán exclamado viejos
comunistas, artiguistas y los otros sectores radicalizados del Frente Amplio,
que por algo lleva ese nombre. Mientras, los socialistas de Vázquez y el sector
de Mujica, el MPP, sufrieron al ver cómo la oposición encontraba, como dijo el
presidente, “una espada” para entrarle duro al gobierno.
Lo que ocurrió estos días en Uruguay es la salida a la luz pública de esa
alma radicalizada, más o menos oculta, del FA (especialmente afuera del país),
que las caras civilizadas de la coalición tapan con esmero. Por algo Mujica sumó
a Vázquez y al vice Danilo Astori en su ofensiva para frenar la nueva ley. Ellos
no sólo son los líderes naturales del socialismo en el FA, sino también los
mejores “presidenciables” que tiene la coalición para el próximo turno
electoral.
Astori, por ejemplo, lamentó que por los mecanismos internos del FA haya
sectores sobre-representados en los congresos y plenarios, que luego aportan
pocos votos al momento de las elecciones.
El episodio también significó dañar al gabinete de gobierno, dado que hubo
una indisciplina del Canciller Luis Almagro, quien se le habría escapado de
control al presidente para impulsar la iniciativa, según admitió el propio
mandatario.
Sin embargo, la oposición también tiene –indirectamente- su parte de
responsabilidad en el enredo. Es que desde al menos 2008/9 se habla de crear
entre blancos y colorados una coalición permanente, un Frente Amplio de
centroderecha. Pero nunca se concreta. Las sensibilidades, y sobre todo las
identidades, son demasiado fuertes. Entre ellos corrió sangre, como se sabe.
“Este anillo lo heredé de mi abuelo, Luis Alberto Herrera”, le dijo el ex
presidente blanco Luis Lacalle a este cronista cuando se le planteó el asunto
hace un par de años. La referencia a la historia familiar (Herrera fue el máximo
caudillo blanco durante medio siglo) cierra cualquier discusión sobre una
coalición.
Pero como es obvio, este bloqueo identitario le hace la tarea más fácil al
centroizquierda frenteamplista. Que al ver el terreno despejado, hasta se puede
dar estos “gustos” largamente postergados -y finalmente costosos- de satisfacer
a esa izquierda interna poco presentable en la escena pública pero tan decisiva
en la coalición.
Así, todo el episodio de la derogación fallida de la amnistía tiene como
razón de fondo un exceso de poder y de confianza de la coalición gobernante, que
puede “malgastar” algo de su capital político acumulado porque ve un futuro
despejado de verdaderos competidores.
Del otro lado del Río de la Plata, la “Argentina K” atraviesa por un momento
que es a su modo similar. El tema excluyente de estos días en Buenos Aires es el
enfrentamiento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) con su
aliado Hugo Moyano, el cacique gremial más poderoso que ha visto la Argentina
desde los años 70.
Es claro que la presidenta, que aún no formalizó su candidatura a la
reelección (todas las encuestas la dan como amplísima favorita), eligió ajustar
cuentas con su díscolo aliado antes de iniciar su segundo mandato.
La coalición de poder real en que se asienta el kirchnerismo va más allá del
Partido Justicialista (peronista) y de la clase política, y en ese terreno la
central gremial -CGT de Moyano- es su principal aliado. Pero así como es
poderoso, Moyano es violento e imprevisible.
Apenas días después de cerrar un acuerdo de aumento salarial de “apenas” 24%
para su gremio de camioneros (en la Argentina K todo aumento menor al 30% es
considerado “moderado”), lanzó a sus fuerzas de choque a las rutas, en reclamo
de un “plus” salarial por transporte de combustibles.
Poco después, un minúsculo gremio aeronáutico que responde a Moyano dejó en
tierra a miles de pasajeros en los dos principales aeropuertos de la capital
argentina. Cristina decidió actuar y sacó el látigo. La pelea está en pleno
desarrollo y debería terminar con el triunfo de la presidenta y el reemplazo de
Moyano al frente de la central gremial, pero esto no es nada seguro.
¿Por qué decidió la presidenta dar esta batalla interna ahora, en vísperas de
su lanzamiento y del inicio de la campaña? Está claro que factores detrás de
esta decisión estratégica de la presidenta argentina hay muchos, pero uno
decisivo fue este: en la competencia política “Cristina no tiene a nadie
enfrente”, como se explica en el lenguaje popular. Esto es, no hay ningún
opositor de peso, que le haga sombra y compita seriamente para las
presidenciales de octubre de este año.
El 8 de mayo pasado, el mayor exponente del centroderecha argentino, el
alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, desistió de competir por
la presidencia y decidió volver a hacerlo en la capital argentina. Fue el tercer
precandidato presidencial del centroderecha que desertaba en poco tiempo: antes
lo habían hecho el vicepresidente Julio Cobos y el senador Ernesto Sanz, ambos
del partido radical. Esta formación, que había quedado profundamente postrada
luego de la crisis de 2001 que expulsó del poder al presidente radical Fernando
de la Rúa, ha recuperado aire y todo indica que presentará al postulante
presidencial de mayor proyección dentro de la fragmentada oposición argentina:
Ricardo Alfonsín, hijo de Raúl, el fallecido presidente que gobernó entre 1983 y
1989.
A Alfonsín Jr, un socialdemócrata a la criolla, nadie le augura serias
chances de éxito frente a Cristina. Su objetivo parece ser mucho más modesto:
“perder bien” y cosechar un buen caudal de votos y de diputados. Reposicionará
así al radicalismo en la escena nacional como partido líder de la oposición.
Así las cosas, y con las encuestas favorables que se acumulan en su despacho,
CFK se ve más fuerte que nunca desde que empezó su mandato en 2007 y ante una
competencia presidencial que parece ganada antes de empezar (habrá unas
elecciones primarias obligatorias el 14 de agosto para elegir a los candidatos;
luego se votará la primera vuelta presidencial el 23 de octubre; y en caso de
ser necesario se hará un ballottage el 20 de noviembre).
Y por eso surge la purga interna adelantada del sindicalista Moyano. A falta
de adversarios políticos de peso enfrente, se inicia anticipadamente la lucha
interna, que por tradición en el peronismo es brutal, así que no deberían
descartarse episodios de violencia.
Una similitud surge así en la comparación de los procesos en principio tan
diferentes de Uruguay y Argentina. En ambos un presidente y una coalición de
gobierno de centroizquierda, sobrados de poder y con una oposición débil, se dan
a una faena que en una situación política más equilibrada no se atreverían a
afrontar. Porque ni Mujica y el FA hubieran sacado a la palestra la derogación
de la amnistía del modo desprolijo y políticamente costoso como lo hicieron, ni
CFK se animaría a pelearse con su temible aliado sindical si ambos gobernantes
tuvieran a una oposición fuerte y con buenos reflejos enfrente. Pero no la
tienen, y actúan en consecuencia.
Pablo Díaz de Brito es periodista, analista de CADAL y
redactor especial de http://www.analisislatino.com