El proyecto de ley señala que “los operadores de radiodifusión en audio y vídeo” en señal abierta, más los distribuidores de televisión por cable, “están obligados a realizar transmisiones en cadena sin pago alguno de los mensajes oficiales del presidente”.

También obliga a operadores a “cooperar y poner a disposición de las autoridades públicas de manera gratuita y oportuna las redes y servicios” en casos de “guerra internacional, conmoción interna, desastres naturales, calamidades públicas y paralización de servicios públicos”.

El proyecto amenaza a los medios que incumplan esta disposición con amonestaciones, “secuestro o embargo de equipos y material, multas e inhabilitación temporal para ejercer las actividades en telecomunicaciones”.

La diputada opositora Norma Piérola declaró que es un “abuso y atropello” obligar a los medios a transmitir los numerosos discursos de Morales, y dijo que el mandatario busca, como su colega y mentor Hugo Chávez en Venezuela, “un adoctrinamiento total”.

El proyecto de ley también establece que la titularidad de un correo electrónico provisto a un trabajador por su empresa corresponderá a esta, que podrá “acceder y controlar toda la información que circule” por dicho correo y “prohibir su uso para fines personales”.

Piérola comentó que dar esa titularidad al empleador es “una violación a la intimidad” que contradice al mismo proyecto, que en otro aparte afirma que se garantiza “el derecho a la privacidad”.

Según la diputada conservadora, el Gobierno se valdrá de esa norma para controlar las redes sociales y restringir la libertad de expresión.

Morales ya aprobó tres leyes que, según la prensa boliviana, restringen o censuran la libertad de información, aunque aceptó modificar una de ellas tras fuertes protestas de las asociaciones de medios y periodistas.

El gobierno de Morales justifica sus proyectos de control de los medios en que la Constitución vigente desde 2009 le otorga “dominio” sobre el “espectro electromagético”, incluido entre los recursos naturales.

Aparte de las sanciones que podrá imponer la Autoridad de Telecomunicaciones, el proyecto propone castigar con cárcel la falsificación y manipulación de documentos digitales, la violación de la correspondencia electrónica y el sabotaje informático, entre otros nuevos delitos que se incluirán en el Código Penal.

La propuesta, que será analizada desde esta semana en la Cámara de Diputados, reduce el plazo de las concesiones de los medios audiovisuales de 20 a 10 años, y faculta al Gobierno para revocar la autorización si opina que una emisora de radio o televisión interfiere la señal de otro medio.

Los extranjeros no podrán acceder a licencias para negocios de telecomunicaciones y su participación en éstos se limitará al 49 %, “salvo lo determinado por el Estado a través de convenios y tratados internacionales”.