La institucionalidad ambiental se creó en Chile hace casi dos décadas, habiéndose implementado su reforma más reciente y sustantiva el año pasado. Desde entonces, el servicio de evaluación de impacto ambiental ha aprobado muchísimos proyectos de diversa índole, e indudablemente ha servido para evitar deterioros increíbles para nuestra calidad de vida.También han sido aprobados sin mayores complicaciones proyectos que apenas formulados se vislumbraban como agresivos y sumamente complejos .

Poner una industria de celulosa en un santuario de la naturaleza, instalar una termoeléctrica en zonas de reservas marinas, extraer oro debajo de glaciares y carbón de los lugares más limpios del planeta; ninguno de estos proyectos fue rechazado eHidroAysén y su línea de trasmisión tampoco lo serán.

Nos preguntamos qué pensarán los profesionales que participan en los procesos de evaluación ambiental, que varias veces se han mostrado contrarios a algunos proyectos, pero que bajo órdenes superiores deben cambiar su evaluación en forma positiva.

El director del servicio de evaluación ambiental de la región del Maule, Tomás Irarrázabal tuvo que renunciar recientemente porque le grabaron diciendo algo que todos creemos a esta altura: admitió que un proyecto de la zona no era bueno, que hay presiones para aprobar proyectos, y que frente a problemas lo más fácil es echarle la culpa al Ministerio de Medio Ambiente, y cortarle la cabeza a algún funcionario, creando la ilusión de que se cambió algo.

El problema fundamental es que para proyectos emblemáticos hay decisiones políticas que se toman a priori, y que utilizan como brazo armado al Servicio de Evaluación Ambiental para blanquear esa decisión.

El proyecto Hidroaysen debió haber sido rechazado como lo pidieron muchos Servicios en su primera etapa de evaluación (eso ocurrió en el Gobierno de Bachelet), básicamente porque la información entregada no permitía evaluar los daños de las represas. 

Luego se detectó que los ríos serían intervenidos a nivel grotesco, con las represas obligando a que los flujos máximos y mínimos históricos de los ríos ocurran dentro del mismo día en gran parte por temáticas de especulación energética de precios horarios de venta de energía. 

No es posible entender cómo eso puede ser compatible con el entorno, ni con el ecosistema propio. Y puesto que HidroAysén nunca realmente respondió sobre esto a los Servicios Públicos que lo observaron, con la aprobación se está autorizando la más brutal alteración del régimen de un río que se haya hecho en Chile.

En efecto, sin que el proyecto cambiara realmente con las observaciones que se le efectuaron, muchos Servicios Públicos del Gobierno actual dieron por superados sus cuestionamientos por oficio, por secretaría.  Algunos en forma descarada (como la DGA, que hasta cambió normas de derechos de agua para poder responderle al proyecto), y otros en forma torpe (como el MINVU, que respondió por un lado que rechazaba el proyecto y por otro que lo aprobaba).

¿Será posible que la única consideración del SERNATUR, que debe velar por el turismo, sea que los muros no sean feos? ¿Será tan importante constatar que los líquidos percolados del relleno sanitario de la obra de construcción sean tratados, si el impacto ecológico de la represa es infinitamente mayor?

El proyecto de Hidroaysén es una obra de una ingeniería antigua, insensible, hegemónica, y de sustentable no tiene nada. La Ministra Von Baer, el Ministro Golborne, o cualquier personero de Gobierno podrá señalar, como han hecho, que el proceso de evaluación de HidroAysén ha sido transparente y que están todos los informes a disposición de la ciudadanía.

La verdad de esto es que los engaños, la trampa, y todos los cuestionamientos de la evaluación ambiental no están en los documentos oficiales; están en las conciencias de los muchisimos funcionarios de Gobierno que han tenido como uno de sus roles hacer flotar el proyecto. Entonces para constatar las irregularidades no basta trajinar en los informes técnicos; lo que se requiere es un detector de mentiras.

Así, la información oficial es que HidroAysén sólo se aprobará si cumple la normativa ambiental, pero la verdad es que no existen estandares ambientales para los proyectos hidroeléctrico.

La trampa es que cumplir la normativa ambiental en una hidroelectrica significa que el operador puede hacer lo que quiera con los ríos. También la información oficial es que se inhabilitaron varios seremis por conflictos de interés, como si esto constituyese un acto de grandeza moral, pero la verdad es que votarán en su reemplazo sus subalternos, con una independencia francamente cuestionable.

La trampa es que la aprobación será favorable independiente de quién vote, y en ese sentido el conflicto de interés lo tienen todos los Seremis. Qué más conflicto de interés que tener que acatar una instrucción de su superior para no perder la pega.

Todo lo que rodea a HidroAysén está rodeado de una versión oficial: la institucionalidad ambiental, la independencia jerárquica, y la transparencia. Para gran parte de estos asuntos existe una trampa y una verdad solapada, oculta, inexistente formalmente en el proceso de evaluación.

La ciudadanía se opone. Los senadores de la zona se oponen. La población local se opone. Si el Gobierno actual quiere aprobar el proyecto  a pesar de todo esto, que diseñe las herramientas para ello.

Por lo menos así dejarían de utilizar la evaluación ambiental de manera tramposa y se personalizaría la responsabilidad politica. Si eso hiciera, no habría nada de malo en que bautizara cada central en honor a quienes contribuyeron a su desarrollo. Así, por la izquierda se podrían ver las centrales Eduardo Frei, Edmundo Perez Yoma y Daniel Fernandez; y por la derecha las Sebastián Piñera y Lawrence Golborne.