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05/05/2011 | La interminable catarata de corrupción bolivariana

Emilio J. Cárdenas

La tragedia moral que está detrás de todo esto es lamentable.

 

Difícilmente pase una semana sin que, de pronto, nuevos episodios de corrupción estallen -no inesperadamente- en los llamados países “bolivarianos”. Comprobando así lo que sostengo -desde hace rato ya- en el sentido que esos países populistas se han transformado en una verdadera red de toda suerte de nidos de corrupción, en los se engorda a los personajes centrales de la política doméstica y a sus aliados.

En esta nota nos referiremos tan sólo a otros dos de los casos de corrupción más recientes. Pero lo cierto es que hay más, constantemente, cual catarata.

Veamos el primero. En Bolivia acaba de explotar otro episodio mayúsculo de corrupción en la debilitada administración de Evo Morales, acostumbrada a todo tipo de escándalos, en los más altos niveles.  

Esta vez le tocó el turno al ahora ex Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, que fuera recientemente destituido. Rojas habría insólitamente concedido en propiedad importantes extensiones de tierra a ciudadanos y empresarios brasileños, en el Departamento de Santa Cruz. Hablamos de distintas fincas no menores en términos de superficie, desde que solo una de ellas tiene nada menos que más de un millón trescientas mil hectáreas. Y de una investigación que estaría llegando al nivel de la Ministro de Desarrollo Rural y Tierras de Evo Morales, Nemesia Achacollo.  

Lo que, como maniobra es absolutamente increíble, porque se trata de expropiar tierras a ciudadanos bolivianos para cederlas en propiedad a algunos hábiles ciudadanos extranjeros o a sus empresas, en este caso particular se trata de brasileños, traicionando obviamente la razón misma de ser de la institución distribucionista que hasta hace poco conducía el mentado Rojas.  

El Instituto Nacional de Reforma Agraria, recordemos, puede “revertir” la propiedad de antiguas tierras ya entregadas a privados por gobiernos anteriores y -si ellas no están explotadas conforme a los criterios oficiales, o si hay en ellas personal que se “comprueba” trabaja en “condiciones de servidumbre”- volver a adjudicarlas -a dedo- a otros campesinos o indígenas.  

El ente también contará con la disponibilidad de otras tierras; esto es de aquellas que serán objeto de expropiación a sus propietarios actuales, estén o no bien explotadas. En el corto plazo, hablamos de unos cuatro millones de hectáreas. Por aquello de Juan Domingo Perón que decía, muy suelto de cuerpo, que para los amigos todo, pero para los enemigos, ni justicia. Es así para los bolivarianos, ciertamente.  

Curiosamente, el propio día en que se dispuso su cese de funciones, el mencionado Rojas entregaba a sus correligionarios, sin mayores sobresaltos, títulos de propiedad -en compañía del propio Evo Morales, también imperturbable- en este caso en la zona del Salar de Uyuni, como si todo fuera normal.  

Pasemos al segundo episodio. Este tiene, en cambio, que ver con Nicaragua. La patológica Nicaragua de Daniel Ortega, por supuesto. Una de esas democracias kabuki, o sea meramente teatrales que existen en el universo “bolivariano”, porque una cosa es lo que muestran y otra, muy diferente, la realidad.  

Según “La Prensa” de Managua, al ser recientemente destituido el ahora ex director de la Dirección General Impositiva (DGI) de Nicaragua, un tal Walter Porras, se puso en evidencia la existencia de un bufete de asesores fiscales que “solucionaba” prestamente los “problemas” de los contribuyentes, a cambio de una comisión del importe que estuviera en juego en cada caso. Hablamos de una tajada del 25%. Nada menor, entonces.  

El sistema organizado era absolutamente fenomenal, por inmoral y descarado. Walter Porras lanzaba acusaciones, cargos e investigaciones desde la DGI y el bufete, enterado de inmediato de lo sucedido, salía a contactar y ofrecer sus “servicios” a los inspeccionados, para así “resolverles” las desventuras que se habían precipitado sobre ellos. Notable, como negocio. Inmoral, al máximo. Curiosamente, la operación aparentemente la descubrieron los miembros de la seguridad de Ortega.  

En paralelo, los integrantes de la referida “organización” non sancta secuestraban a algunos contribuyentes sus máquinas industriales como consecuencia de presuntas deudas con el fisco -tales como máquinas de tejer- entregadas hasta como como forma de “dación en pago” y las hacían operar (esto es, producir) alegremente dentro de las propias instalaciones y edificios de la DGI, para beneficio propio, luego de que sus dueños habían sido desposeídos. De terror.  

Las fechorías del grupo no tenían límite. Entre otras cosas, la DGI sostenía a una academia de enseñanza del idioma inglés regenteada por la propia esposa de Porras, Franca Aiello. Cobraba por presuntos anteojos entregados a los empleados y jubilados de la entidad, que nunca fueron distribuidos.

Y, peor aún, respondiendo a sugerencias e impulsos que le llegaban desde lo más alto del poder, presionaba a algunos ciudadanos inocentes con distintas inspecciones y formulaciones de cargos. Su furia caía entonces sobre quienes tenían la mala suerte de ser señalados como personas “incómodas” políticamente.  

El abuso del poder de policía administrativo es, claro está, otra característica típica de los “bolivarianos” y de sus “compañeros de ruta”. Lo hacen abiertamente, pretendiendo engañosamente actuar “dentro” de la ley, a la que usan como instrumento de extorsión y presión, incluyendo a los fiscales y magistrados.  

La tragedia moral que está detrás de todo esto es lamentable. El daño a la imagen de las instituciones de la República en Nicaragua se ha estado acumulando inexorablemente, haciendo que los jóvenes se llenen de desesperanza y de frustración, lo que, frente a la ausencia de oportunidades normales y decentes los empuja hacia los caminos de la droga y de la delincuencia organizada.    

Emilio J. Cárdenas Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

Diario Exterior (España)

 


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