El año pasado, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper habló de la ‘colombianización’ de México, refiriéndose al creciente problema del narcotráfico y la violencia que arrasa el país.
Desde
el año 2002 también podemos hablar de la ‘colombianización’ de Afganistán con
su enorme industria ilícita basada en el opio que sigue corrompiendo y
desestabilizando el país surasiático. Este tipo de retorica política tal vez no
ayuda a explicar bien o resolver el problema de las drogas pero sí es
indicativo de la falta de progreso estructural en nuestra lucha contra las
drogas ilícitas. La situación cada vez va de mal en peor y requiere
urgentemente un nuevo enfoque de la política antidroga internacional.
Existen sobre todo dos problemas
principales de la presente estrategia antidroga que nos han llevada al abismo
actual. En primer lugar, nunca ha existido un consenso internacional sobre cómo
tratar el problema de las drogas, sobre todo porque no hay una clara
conceptualización y separación de las causas y los síntomas del problema. En
segundo lugar, la responsabilidad mutua o compartida entre países
productores y países consumidores hasta hace poco era un concepto establecido
políticamente pero con escasa valor en la práctica. Estos dos problemas
principales forman cara y cruz del mismo dilema y por eso tienen que ser
resueltos conjuntamente en un nuevo paradigma para la política internacional de
drogas.
La guerra entre el Gobierno mexicano y los
poderosos carteles de la droga y las campañas de erradicación de los cultivos
de la amapola en Afganistán tienen mucho en común: En ambos casos se trata de
combatir sólo los síntomas del problema de las drogas. Del mismo modo, casos
como las 105 toneladas de droga incautadas en México a finales del año pasado –
en este caso marihuana – no ayudan a cortar el problema de las drogas en la
raíz. Este tipo de acciones policiales ni siguiera tiene un efecto
significativo sobre los precios y la disponibilidad de drogas en el mercado
ilícito. De igual modo, atacar a los pobres agricultores de amapola porque los
talibanes cada año sacan unos 90 millones de euros de la industria legal
tampoco va a resolver el problema y sólo agravará la desilusión, la violencia y
la inestabilidad en el país surasiático.
La política de la mano dura contra la
oferta y la demanda de las drogas – especialmente cuando sólo aborda los
síntomas del problema– ha fracasada continuamente en el pasado y no nos sirve
con cara al futuro. Al final de octubre del 2010, Anand Grover, Relator
Especial de la ONU en materia de la salud mental y física confirmó de nuevo que
la criminalización excesiva y las medidas estrechamente represivas han
fracasado y están relacionadas al abuso de los derechos humanos y la violación
del derecho a la salud.
En cambio, lo que hace falta es una
política de drogas basada principalmente en la salud pública. Sin demanda no
hay oferta, así que la responsabilidad principal cae encima de los países
consumidores como España donde la demanda para cualquier tipo de drogas parece
insaciable. La cocaína que está consumida en este país proviene en gran parte
de Colombia y incluso pasa por otros países o regiones como el África
Occidental donde el tráfico de drogas también deja huellas destructivas en la
cohesión y la estabilidad de esas sociedades en el camino hacia España.
Dentro de Europa, España sigue siendo
entre los dos primeros países consumidores de cannabis, procedente de Marruecos
y cocaína, procedente, sobre todo, de Colombia. Además, casi toda la heroína
consumida en este país procede directamente de los cultivos de amapola en
Afganistán. La heroína no está llegando a España porque los agricultores
afganos a propósito quieren exportarla para intoxicar a los españoles. De nuevo
es la demanda que produce la oferta, como en cualquier mercado normal y
corriente. La única diferencia es el carácter ilegal de las drogas que añade un
valor económico adicional a cultivos como la coca, el cannabis y la amapola.
Los Estados Unidos han dado los primeros
pasos modestos hacia un nuevo paradigma de la política de drogas. En primer
lugar, en junio 2009 cambiaron su política de drogas en Afganistán, quitando el
apoyo a las campañas de erradicación y apostando por más desarrollo y más
intercepción de drogas. En segundo lugar, por vía de un primer proyecto de ley
del demócrata Eliot Engel, están intentando establecer una comisión para
investigar y valorar la política antidroga estadounidense en la región
latinoamericana durante los últimos 30 años. Sin duda, esta región es sinónima
con el fracaso de la política antidroga internacional. Ahora los senadores
Patrick Leahy, Robert Menéndez y Dick Lugar llevan esta iniciativa cuya
resultado todavía está por ver.
Por último, los Estados Unidos han
reforzado el concepto de la responsabilidad compartida en su política
bilateral con México. En una visita de Hillary Clinton a México del marzo del
2009, la secretaria del estado reconoció la doble responsabilidad de Estados
Unidos de fomentar la producción y el tráfico de drogas por causa de la vasta
demanda de los estadounidenses, y además de proveer por vías clandestinas
muchas de las armas utilizadas en México en la violencia cotidiana. En enero de
este año repitió sus palabras en otra visita al país centroamericano: “Es
importante para nosotros trabajar de cerca para frenar el flujo de armas
ilegales y dinero que viene de una dirección (de EE.UU.) y de drogas en la otra
dirección (de México)”.
La responsabilidad compartida en el tema
del crimen organizado y el narcotráfico no sólo significa abordar el problema
del consumo de drogas en Estados Unidos, pero también requiere invertir fuertemente
en el desarrollo rural y la seguridad de países con cultivos de drogas o en los
que están localizados en las principales rutas de tráfico. En el caso de la
relación bilateral entre EE.UU. y México, el principio de la responsabilidad
compartida se ha expresado en la iniciativa de Mérida, un acuerdo internacional
del 2008 para la zona de América Central que intenta combatir el narcotráfico y
el crimen organizado. Sin embargo, hasta ahora el impacto de este acuerdo ha
sido muy limitado y la situación en México ha empeorada significativamente en
los últimos tres años.
Cada vez más personas hablan de la posible
legalización de las drogas. Pero dicha legalización o regularización de algunos
tipos de drogas no es una solución del tipo ‘bala de plata’. Es verdad que la
prohibición es la primera causa para la rentabilidad de las drogas de la que
tanto los agricultores como los traficantes sacan beneficios importantes. Pero
antes de todo, hace falta pensar bien en qué tipo de sistema de regularización
puede evitar los efectos no buscados de un proceso de legalización. Además,
necesitaríamos diferentes sistemas de control, distribución e información para
diferentes tipos de drogas. Y para avanzar en el tema, primero hace falta
llegar a un consenso al nivel internacional, dado el hecho que se trata de un
problema que sólo se puede solucionar juntos al nivel de la entera comunidad
internacional.
Pero antes de llegar a ese consenso, ya es
útil y necesario entablar un debate constructivo en los años que vienen sobre
nuevos modelos de control que son más realistas, pragmáticos y eficaces a la
hora de abordar el problema internacional de las drogas. El actual debate
ideológico y polarizado entre la prohibición y la legalización de las drogas no
sirve para nada, ni ayuda a los cocaleros colombianos o los agricultores
afganos ni a los millones de consumidores problemáticos que lamentablemente hay
por todo el mundo.
Es una buena señal que los Estados Unidos
parecen haber empezado lentamente con el entierro del hacha de la guerra
ideológica contra las drogas. Es el primer paso en contra de la constante
estigmatización tanto de los consumidores y los productores de drogas como de
los cocaleros en Bolivia, Colombia y Perú y los agricultores de la
amapola en países asiáticos como Afganistán, Myanmar y Laos.
Un nuevo paradigma de la política
antidroga requiere más inversión en campañas de información y prevención, más
fondos para el tratamiento y también unas medidas eficaces para la
reintegración social de los consumidores problemáticos de drogas. Este nuevo
paradigma tiene que combinar de una manera real y eficaz la responsabilidad
compartida al nivel internacional entre países productores y países
consumidores con la prevención y el tratamiento al nivel nacional y local.
**Jorrit Kamminga es Director de
Investigaciones del Consejo Internacional sobre Desarrollo y Seguridad (ICOS)
con oficinas en Afganistán y participa en el programa de doctorado ‘La Europa
de las Libertades’ en la Universidad de Valencia con una tesis doctoral sobre
el papel de políticas de desarrollo económico y comercio en la reducción de la
oferta de drogas en Colombia. En el presente año académico es investigador
invitado en la London School of Economics (LSE).