Quienes se encuentran a favor del paquetazo fiscal, esgrimen el mensaje de que El Salvador es de los países con una carga tributaria muchísimo menor que otros países más avanzados, y que por lo tanto, para volver una realidad esas obras gubernamentales que pondrán al país en las ligas del primer mundo, es necesario aumentar la carga tributaria. La carga tributaria es el porcentaje del producto interno bruto que el gobierno recolecta en impuestos, que en 2007 en nuestro país alcanzó el 14,1%. El argumento de la baja carga tributaria de nuestro país comparada con el robusto 30% recolectado en Suecia o Finlandia se utiliza como fórmula mágica, como si el mero hecho de pagar los mismos impuestos que los suecos le comprara al contribuyente salvadoreño también un grupo de gobernantes suecos, menos proclives al despilfarro en vehículos de lujo y personal excesivo, comprometidos con la transparencia, rendición de cuentas y mucho más importante: con planes y estrategias de largo plazo que resisten los vaivenes del cambio de poder en elecciones.

Se olvidan quienes satanizan nuestra carga tributaria actual, que el fin del Estado no debería ser tributar más, sino hacer crecer la economía, para tener como consecuencia lógica una mayor recaudación para el Fisco. Por el consecuente aumento de consumo, importaciones, inversiones y empleos que trae un crecimiento económico, aumentaría la recolección del Estado en concepto de mayor contribuciones de impuestos directos, indirectos y aranceles.

El sector privado ha hecho bien en señalar la falta  de transparencia en el Estado, argumento lo suficientemente fuerte como para que antes de un aumento de impuestos, tome prioridad una lucha contra la corrupción, ya que aumentar impuestos en un Estado donde se despilfarra y no se dan cuentas transparentes, es como pretender acarrear más agua en un recipiente agujereado. Sin embargo, a los argumentos del sector privado también ha faltado la profundidad suficiente como para que la opinión pública no tache su postura como el simple capricho de negarse a pagar impuestos.

Ojalá que a nivel legislativo los argumentos alcancen mayor profundidad, y se discuta con números, sin olvidar que cuando se habla de “sector privado”, no solo se engloba a los grandes contribuyentes, si no a los jóvenes emprendedores para cuyos negocios que apenas arrancan, un aumento tributario podría diferenciar la quiebra y el éxito. Cuando se insiste en nombrar potencias extranjeras como referentes tributarios, se olvida a Brasil, donde la semana pasada se anunció un recorte de $30.000 millones en el gasto público. Tampoco se menciona el programa de dos años de exención de impuestos que el presidente Obama, otro gran referente personal del presidente Funes, aprobó para reavivar la economía.

Las discusiones sobre la situación fiscal del país no solo deben incluir la transparencia y austeridad fiscal, sino también la reducción de servicios que brinda el Estado que podrían recaer en los privados y la simplificación de los trámites necesarios para pagar impuestos, ya que estos últimos encarecen la recolección y desincentivan el cumplimiento de la ley debido a su complicación, malos tratos del personal de Hacienda y burocracia excesiva. Un aumento sin la discusión de las condiciones anteriores, nos haría caer en la realidad que mencionara el ex ministro de economía argentino, Ricardo López Murphy: "Tenemos impuestos suecos, con contribuyentes sudamericanos, y servicios africanos”.

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 6 de marzo de 2011.