Sin embargo, mucho me temo que esta ingenuidad meliorista no casa demasiado bien con la realidad: Rothbard lo llamó la teoría whig del desarrollo científico; la idea de que cada generación humana incorpora lo mejor de la anterior, purgando todos sus defectos, como si no hubiese sesgos y errores que se fueran acumulando y lastraran el ulterior desarrollo.

Probablemente habrá pocos ejemplos más flagrantes acerca de la falsedad de esta teoría whig que el inmerecido prestigio del que, sobre todo en la práctica, siguen gozando los controles de precios. Si hay alguna política que sepamos con certeza que destruye la división del trabajo, que cercena las libertades y que, en última instancia, nos aboca a un control castrense de las relaciones económicas y sociales, ésta es la de fijar administrativamente los precios. Y, sin embargo, los políticos de medio mundo continúan defendiendo y recurriendo a esos controles. Veamos dos ejemplos recientes.

Sin querer entrar en el fondo de la cuestión del alza de precios de las materias primas —si son encarecimientos derivados de una mayor demanda o si también poseen un componente especulativo y monetario—, lo que está claro es que la solución al encarecimiento de las commodities no pasa, ni mucho menos, por el establecimiento de precios máximos. Aun así, Nicolás Sarkozy, ni corto ni perezoso, defendió ante el G-20 la necesidad de regular los mercados para impedir estas escaladas de precios: “Si no hacemos nada para regular la volatilidad de las materias primas corremos el riesgo de que se produzcan altercados en los países pobres y de dañar el crecimiento económico global".

Bueno, ya lo decía Mises, si ellos siguen repitiendo sus mentiras, nosotros deberemos seguir repitiendo la verdad. Los precios máximos se implantan presuntamente para lograr que un producto que se ha vuelto temporalmente más escaso de lo normal se encuentre al alcance de todo el mundo, incluyendo los menos pudientes. El problema es que su resultado es justo el opuesto: los precios máximos generan un desabastecimiento generalizado del bien que, si se los mantiene en el tiempo, termina por convertirse en estructural.

A corto plazo, colocar el precio de un bien por debajo de aquel al que se habría vendido en un mercado libre incrementa su demanda y reduce su oferta. Hay muchos más consumidores interesados en adquirirlo que oferentes en enajenarlo; y entre los consumidores incluimos a los importadores, lo que previsiblemente llevará a restringir el comercio internacional o a establecer cuotas a la exportación. Peores son, con todo, los efectos a largo plazo: las reducciones impuestas de precios reducen artificialmente la rentabilidad de la producción y comercialización del bien en cuestión; los empresarios encargados de fabricarlo abandonarán el sector, por cuanto su rentabilidad se encontrará artificialmente reducida frente a la de otros sectores donde no haya controles de precios, generándose en consecuencia caídas aun más abruptas de la oferta y agravándose la carestía.

Al final, al gobierno no le quedará otro remedio que controlar la distribución de los factores productivos —fijando los precios y las rentabilidades extraordinarias en otros sectores tanto internos como externos, o subvencionando a los productores que padecen los controles de precios para compensar la merma de beneficios— y racionar la distribución de los productos —mediante la imposición de cartillas de racionamiento—. De este modo, el mecanismo del mercado para la asignación de recursos queda del todo suplantado por el mecanismo político: puro socialismo. Los bienes de consumo ya no se dirigen a aquellos que más los valoran —pues los políticos los distribuyen al margen de su utilidad marginal para cada persona, pudiendo encontrarnos con situaciones en la que por ejemplo el trigo se emplea para alimentar a los cerdos al tiempo que otra gente se muere de hambre— y los factores productivos ya no focalizan a incrementar la producción de los bienes más urgentemente demandados, sino aquellos que los políticos —desde su absoluta ignorancia centralista— consideran preferentes. Con los controles de precios, no sólo no se resuelve la escasez del bien sobre el que se establecieron precios máximos, sino que, a menos que nos conformemos con una carestía estructural e insuperable, se va distorsionando la producción de todos los restantes.

Por consiguiente, imponer precios máximos sobre las materias primas agrícolas e industriales sólo desincentivaría su producción y acentuaría su carestía, dificultando su acceso a aquellos a quienes nuestros gobernantes —presuntamente— se lo quieren garantizar.

Pero no se crean que sólo de precios máximos viven nuestros políticos. A la hora de establecer sus regulaciones, tanta afición le cogen a impedir que los precios suban como que caigan. Así, no se trata sólo de que los salarios mínimos —que fijan la remuneración más reducida que puede percibir un trabajador— estén a la orden del día en todas las economías occidentales, es que en la mayoría de ellas los sindicatos, a través de los fascistoides “convenios colectivos”, rebasan en cada sector y en cada categoría profesional esos sueldos mínimos fijados por el Estado para la generalidad de trabajadores. De hecho, en España nuestras centrales sindicales ni siquiera aceptan la reciente propuesta de Angela Merkel de que liguemos nuestros salarios no a la evolución del IPC sino de la productividad: esto es, que los precios/salarios mínimos no crezcan automáticamente con independencia de la utilidad que van a tener para sus demandantes: los empresarios.

El resultado de los precios mínimos es justo el contrario que el de los precios máximos: sobreabundania de la mercancía ofrecida. Los precios se ubican muy por encima de los que vacían el mercado, de modo que hay más gente que quiere vender que aquella que está dispuesta a comprar. O dicho de otra manera, como los precios se sitúan por encima de la utilidad marginal de los agentes, los productores eficientes no pueden desplazar a los ineficientes reduciendo sus márgenes de ganancia bajando los precios, de modo que se acumulan excesos invendibles y es imposible discriminar qué productor debe dejar de producir.

El proceso es, por consiguiente, justo el contrario al de los precios máximos: los oferentes ineficientes no liberan sus factores productivos para que éstos se dirijan a otras líneas donde son más valorados. De hecho, si se llega a aplicar una política de precios garantizados —de modo que el Estado adquiera todas las mercancías al precio mínimo establecido—, la producción puede incluso incrementarse, captando recursos del resto de la economía y cortocircuitando la elaboración de otros bienes y servicios más urgentemente necesitados.

El caso del paro es evidente: los precios/salarios mínimos fijados por los sindicatos por encima de la productividad marginal de muchos trabajadores impiden que los empresarios los contraten y puedan dedicarse a crear riqueza dentro de la compañía. Si, además, el gobierno subvenciona el paro a través de subsidios al desempleo (precios garantizados), lo que tenemos es que muchos agentes, en lugar de buscar ocupación en otras partes de la economía, se concentran en “dedicarse” al paro, que crece y crece a costa del resto de la economía.

En definitiva, los controles de precios, en tanto regulan centralizadamente uno de los elementos básicos que permite la coordinación en una economía de mercado, destruyen la estructura productiva y la condenan a un persistente caos mientras esos controles subsistan. Al cabo, un control de precios absoluto y total es lo que prevalece en el socialismo, sobre cuyo criminal fracaso ya tenemos suficientes evidencias: no funciona ni a gran ni a pequeña escala. Ojalá Sarkozy y los políticos y sindicatos españoles aprendieran algo de economía y no antepusieran sus sectarios intereses al de los consumidores y trabajadores a quienes tanto perjudican con sus absurdas regulaciones.