La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, parece bien situada para su reelección en octubre. Uno de los pocos riesgos que corre es la perspectiva de una inflación galopante. Puede que la finalidad de las nuevas barreras a las importaciones sea la de proteger a los fabricantes nacionales, pero al final podría resultar contraproducente para la inflación. La pinta que tengan los precios dentro de ocho meses puede decidir si Fernández, que siguió las políticas estatalistas de su difunto marido, logra otro mandato.
Las políticas económicas que fomentan la autosuficiencia de Argentina son una tradición que se remonta a la presidencia de Juan Domingo Perón en la década de los años cuarenta del siglo XX. Para muchos argentinos, están confirmadas por el fracaso de las alternativas de libre mercado en las décadas de los treinta y los noventa. Por tanto, no resulta sorprendente que Néstor Kirchner volviera a ellas tras resultar elegido en 2003, ni tampoco que su mujer continuase estas políticas después de ser elegida en 2007 y que las haya modificado poco desde la muerte de su marido en octubre.
Las últimas restricciones sobre las importaciones de más de 200 productos son innecesarias, por lo menos a primera vista. Con 51.000 millones de dólares en reservas, hasta el aumento del 46% de las importaciones argentinas en 2010 debería haberse superado sin más controles. En todo caso, las barreras simplemente refuerzan una política de sustitución de las importaciones que favorece a los productores nacionales.
Los problemas con las políticas de ese tipo han quedado ocultados por el incremento mundial de los precios de las materias primas, que han aumentado la capacidad exportadora argentina y han permitido al país prosperar a lo largo de los últimos ocho años. Argentina disfrutó de un crecimiento del 9% en 2010, y la solidez continuada de las exportaciones y la acumulación de unas importantes reservas de divisas extranjeras hacen que el aumento de las importaciones sea poco alarmante, por lo menos a corto plazo.
Pero la inflación, a la que el ministro de Economía, Amado Boudou, se refiere eufemísticamente como una "dispersión de precios", supone un problema. Unos asesores independientes han calculado que la tasa de inflación actual ronda el 25%. El Gobierno está cuestionando su metodología bajo la amenaza de multas, pero eso no cambia la realidad. Los tipos de interés a corto plazo, que se encuentran más de 10 puntos porcentuales por debajo de la tasa de inflación, son muy negativos en términos reales. Eso implica unas distorsiones en la asignación de recursos que empeorarán con los controles. Lo más probable es que los desequilibrios de Argentina provoquen finalmente una recesión y unos niveles de inflación incluso más alarmantes.
Eso podría ser suficiente para torpedear las esperanzas de Fernández de ser elegida si empieza a suceder en octubre. Pero ella parece decidida a usar cualquier herramienta disponible para que eso no ocurra.
