En el último periodo de sesiones la Asamblea Nacional, controlada por diputados pro gobierno, aprobó cualquier proyecto de ley referido por el mandatario Chávez de léxico, letra y signo comunista enviado desde Cuba. Ante la evidente pérdida de la mayoría calificada decidieron estos legisladores delegar sus funciones mas allá del mandato al presidente con la llamada Ley Habilitante, vigente por año y medio. Esta amplísima delegación ha provocado el rechazo de la opinión pública nacional e internacional por antidemocrática. Negarse a trabajar ratifica la razón popular en llamarles con el remoquete de ``focas'' a los legisladores rojos, por la similitud de acción plausible del mamífero marino a la sola orden de su pagador o entrenador.

Chávez pretende legislar en nombre de una asamblea cuyo periodo expiró en una suerte de herencia póstuma. Para hacer esto efectivo y con la clara intención de desviar la atención en sus leyes, reenvía a los nuevos legisladores el proyecto sobre educación universitaria para su revaluación. De esta manera intenta que se enfrasquen en una discusión de alta exposición mediática olvidándose de las fechorías cuya denuncia oportuna motivaría un ejemplar castigo para los responsables por parte de instituciones extra fronteras. Lamentablemente el sistema de administración de justicia en Venezuela se encuentra acosado por la política de turno.

La nueva ley de educación universitaria debe ser enviada a la comisión respectiva para su amplia consulta y punto. Los diputados tienen el deber de profundizar en hechos ya investigados y omitidos deliberadamente durante estos años.

La presencia cubana debe ser denunciada desde la diputación venezolana de cara al mundo como una invasión. Es cada vez más creciente el número de cubanos fidelistas en posiciones de comando como asesores, colocando en riesgo la seguridad venezolana al poner bajo conocimiento de las autoridades antillanas buena parte de las funciones del Estado, entre ellas, la seguridad territorial en manos hoy de nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas.

Venezuela tiene la mayor tendencia en hechos contra la propiedad privada. Las ocupaciones forzosas temporales y definitivas sin el previo procedimiento contemplado en la ley hoy afligen inclusive a los más humildes. Tal incidencia demuestra el carácter selectivo de la acción la cual solo busca empobrecer el país creando oligopolios estatales para beneficiar mandatarios extranjeros violatorios de los derechos humanos con el fin de dotarlos de fondos que los mantengan en el poder.

La corrupción administrativa sin castigo se ha convertido en la llave más expedita para enriquecerse. Hay que requerirle al gobierno donde están los $950 mil millones presupuestados en los últimos 12 años. Toda administración de recursos en Venezuela pasa por la mano de una tercera nación o persona que guarda para sí una parte. La riqueza fácil hace que se olviden las obligatorias acciones de gobierno en el sostén de la estructura productiva, creación de fuentes alternativas de desarrollo y el mantenimiento del estado.

tilizar la inseguridad personal como represión es norma en países dictatoriales y en Venezuela por coincidencia observamos su auge afectando al ciudadano común. Es mejor echarle la culpa a la delincuencia por la muerte violenta de un adversario que aceptar los excesos de grupos policiales. También la represión judicial existe.

La escogencia de rectores para los poderes públicos complicados con el comunismo debe ser denunciada como tal y aplicar los correctivos, solo así se garantiza al habitante el respeto por sus derechos constitucionales, comenzando desde el voto.

Olvidémonos de leyes sectoriales y empecemos por dejar sin vigencia la ley habilitante conferida a Chávez para luego blindar nuestra Constitución. Devolver la ley de educación a la Asamblea Nacional es un trapo rojo; no lo embistamos.

Director de Venezuela Al Día

manuelcorao@yahoo.com