En todos estos largos años de intervención estatal, sinónimo de asistencialismo y corrupción, se han repartido más de 10 millones de hectáreas en todo el país, casi la superficie de un país como Holanda. Sólo en los departamentos de Alto Paraná y Canendiyú existen cien mil lotes que no están titulados en favor de sus verdaderos dueños. Si calculamos estos 100 mil inmuebles a 650 dólares la hectárea a 10 hectáreas por beneficiario obtenemos la suma de 650 millones de dólares no utilizados o no contabilizados por nuestra economía.

Pero la culpa de esta situación no se la debemos únicamente a la dictadura. El proceso democrático surgido en 1989 a esta parte, continuó por la misma línea de pensamiento que permitió la distribución de tierras por un valor superior a los $3.000 millones, dilapidados en la corrupción de la democracia.

Este hecho corroborable no es una casualidad ni es el resultado de un designio celestial. Es el efecto de ideas equivocadas transmitidas en leyes y políticas públicas probadamente erróneas. ¿Por qué la reforma agraria de la que todos los partidos políticos hablan y de la que todos los gobiernos se ocuparon utilizando millones de dólares de los contribuyentes ha fracaso, haciendo ricos a unos cuantos funcionarios y empobreciendo a los campesinos?

La reforma agraria fundada en la distribución de tierras parecería en un comienzo muy beneficioso y es “políticamente correcto”. Repartir tierras a la mayor cantidad de personas se constituye en un deleite de la ingeniería social puesto que es el mejor modo de mantener incólume la idea de que los problemas de la sociedad requieren la activa intervención estatal. 

Este país de poco más de seis millones de habitantes no ha sido la excepción de aquella tendencia colectivista y seguirá así pues se ha consolidado un círculo vicioso que encierra en el desempleo y la miseria a los supuestos beneficiarios de la reforma agraria. Es lo más parecido a una mezcla explosiva amasada por malos políticos con malas politicas. 

Solo hay un modo de terminar con este círculo vicioso. La solución liberal de promover la dignidad del hombre mediante los derechos de propiedad. El problema de los campesinos pobres en el Paraguay no es la falta de tierra y que se encuentren desamparados o en situación de indigencia, sino que carecen del derecho de propiedad. La puesta en práctica de un programa de titulación masiva de propiedades rurales también recaerá sobre los políticos populistas que hostigan el enfrentamiento antes que la cooperación.

Los agricultores con derechos precarios son el mejor caldo de cultivo para la violencia porque no tienen garantizados como propios las fincas donde trabajan. El agricultor que tenga su título de propiedad será menos proclive a las amenazas e invasiones de tierras.

Esta iniciativa permitirá, a su vez, que los propietarios se percaten del esfuerzo que se requiere para conjugar el trabajo con el capital, necesario para elevar la productividad de sus fincas y mejorar las condiciones de vida de sus familias. Todos estos efectos positivos se multiplicarán al grado de elevar la calidad de la política puesto que los propietarios rurales tenderán a elegir dirigentes que genuinamente les representen, volviéndose exigentes al momento de emitir sus votos en las elecciones locales y nacionales.

Víctor Pavón es Decano de la Facultad Derecho de la Universidad Tecnológica Intercontinental (Paraguay) y autor de los libros Gobierno, justicia y libre mercado y Cartas sobre el liberalismo.