Primero, por ser rabiosamente hostiles a las instituciones democráticas, contra las que han estado, están y estarán, porque son incompatibles con las suyas. Y segundo, por expresar ese odio de forma violenta, agrediendo y atacando tanto a autoridades como al sistema. Generan enfrentamientos y violencia. En las instituciones donde son mayoría reina el terror; donde son una apreciable minoría revientan plenos y actos, rompiendo la convivencia. Y donde son minoría, alteran el funcionamiento institucional y las normales relaciones políticas. Son un cáncer para la libertad.

Su expulsión de las instituciones privó a ETA de financiación económica, información operativa y plataformas de propaganda. Pero para democracia, para concejales y alcaldes del País Vasco y Navarra, el efecto más beneficioso fue la normalización institucional de parlamentos, diputaciones y ayuntamientos. Con la ilegalización de Batasuna se abrió el periodo de mayor estabilidad en las instituciones vascas y navarras desde 1978. Aún queda el problema de las docenas de ayuntamientos en manos de los batasunos; y el hecho de que el radicalismo se trasladó a otras organizaciones –singularmente Aralar– aunque bajo niveles tolerables. Pero la mejora es innegable, porque además Batasuna se desmoronó con la Ley de Partidos como un castillo de naipes.

Esto es lo que hay en juego. Las personas a las que el Gobierno va a permitir volver a las instituciones se pasaron años interrumpiendo plenos, reventando actos, amenazando y agrediendo a concejales. Son depredadores políticos, camisas pardas con lauburu en la pechera. ¿Alguien en su sano juicio cree que ahora van a respetar un orden político que odian con todas sus fuerzas y al que dicen que seguir combatiendo desde dentro? A diferencia del Gobierno, éstos no engañan sobre lo que harán: la entrada de Batasuna en las instituciones supondrá la desestabilización de las instituciones. O lo que es lo mismo: miedo, tensión y violencia.

Costó expulsarlos de ayuntamientos y parlamentos, y no hay justificación alguna, en nombre de la democracia y sus instituciones, para permitir que se acerquen a la puerta de un solo ayuntamiento. Rubalcaba, Caamaño y Zapatero serán los responsables de todo lo que ocurra cuando comiencen las peleas, disturbios y enfrentamientos.
Por un lado, los socialistas confían en poder controlarlos, como si eso fuese posible.

Y a esta torpeza suman una indignidad: la pretensión de ocultarlo, como ocultaron durante meses unos pactos que conocían perfectamente. Aquí entran los medios de comunicación amigos, los mismos que han pasado en semanas de negar la negociación a afirmarla y defenderla como inevitable y que minusvaloran una desestabilización de las instituciones vascas que ellos mismos ayudan a traer.