Esta disociación hace que nos parezcamos cada vez más a Italia, donde, junto a un escenario político ruidoso y agitado, se organiza un país industrioso. Dicho desfase, en Francia, se corresponde con un rechazo cada vez mayor de los responsables políticos. Si ya se consideraba a la clase política impotente ante el paro, ahora se la tacha de "corrupta". ¿Cómo hemos llegado a esta situación, en la que se acusa al presidente de haber recibido financiación ilegal para su campaña electoral? Al principio, no fue más que un proceso entablado por una hija contra su madre: Françoise Meyers-Bettencourt, hija de Liliane Bettencourt, primera fortuna de Francia y dueña de L'Oréal, acusó a su madre de privarle de una parte de su herencia en beneficio de un fotógrafo de sociedad, François-Marie Banier. A raíz de una saga familiar que habría apreciado el mismísimo Honoré de Balzac, se descubre que la mujer del ministro de Trabajo, Eric Woerth, que con anterioridad había sido ministro de Presupuesto, trabajaba para una "oficina familiar", encargada de gestionar una parte de la fortuna de Liliane Bettencourt. Se recuerda entonces que este mismo ministro sigue siendo tesorero de la UMP, el partido del presidente. Y, gracias a unas grabaciones clandestinas, realizadas por un antiguo criado en el domicilio de Madame Bettencourt, se descubre que esta última financiaba probablemente a varios políticos; tal vez incluso a Nicolas Sarkozy en 2007, durante la campaña de las elecciones presidenciales.

La prensa y el Partido Socialista se encolerizan; la derecha intenta desmarcarse, entre otros el clan de Villepin, que se une al coro de la oposición. Y Nicolas Sarkozy parece desconcertado. ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer? Todo el mundo aguarda un gesto político. ¿Pero puede conformarse el presidente con reorganizar el Gobierno? En esta situación, he aquí algunos comentarios que pueden ayudarnos a comprender. Para empezar, la histeria desatada en el escenario político-mediático. Fue Mitterrand quien habló de la "clase político-mediática", y no le faltaba razón. El clima actual recuerda al del invierno 1992-1993, cuando el presidente Mitterrand y el Partido Socialista parecían enredados en asuntos relacionados con la financiación de la vida política y se acusó al entonces primer ministro, Pierre Bérégovoy, de haber obtenido un préstamo personal de un rico empresario próximo a Mitterrand. La cosa acabó con el suicidio de Bérégovoy y la mayor derrota jamás sufrida por la izquierda en Francia, en las legislativas de 1993. En el caso actual, todo comenzó con una sospecha de conflicto de intereses, entre las funciones del ministro del Presupuesto y el trabajo de su esposa.

El concepto de "conflicto de intereses", de gran importancia en los países anglosajones, es una importación muy reciente en Francia. Por ejemplo, con la acumulación de cargos (el alcalde de una gran ciudad y el presidente de una región pueden ser al mismo tiempo diputados o senadores), la clase política vive en conflicto de intereses permanente. Es más, se puede decir que, en las máximas instancias del país, la sociedad francesa se apoya en un entrelazado de conflictos de intereses. De ahí que el ministro de Trabajo no parezca haber comprendido qué era lo que se le podía reprochar. Me recuerda a Mitterrand, que, cuando se le mencionaban las financiaciones ocultas de la vida pública, solía responder: "Los otros lo han hecho siempre, ¿por qué me lo reprocha usted ahora?".

En este contexto, la izquierda ha tenido una reacción desmesurada. Aunque Michel Rocard y Simone Weil han pedido que cesaran las condenas sobre la base de simples sospechas, no ha servido de nada, y el PS ha preferido emprender una escalada. Con esta actitud, la izquierda corre peligro de acabar atrapada, ella también, en una crítica general de la clase política. El desorden institucional y político beneficia siempre a la derecha. Y este clima solo puede dar ventaja al populismo del Frente Nacional.

En efecto, la extrema derecha no ha contado nunca con ningún trampolín mejor en la historia que la denuncia del vínculo entre el poder y el dinero, la política y el mundo de los negocios. Y aunque la izquierda atribuya al sarkozismo el monopolio de esa fusión, ella también será víctima del populismo que habrá contribuido a alentar. Mientras tanto, no queda más que desear que las diligencias de la investigación policial y la judicial se lleven a cabo con rapidez y nos permitan diferenciar entre sospecha y realidad.