Pero hay algo que hay que dejar bien claro: aunque la prensa suele definir las acciones de Israel en este terreno como "asesinatos discriminados", en realidad no se trata de asesinatos, sino de ejecuciones. Es más, ejecuciones amparadas tanto por la legalidad israelí, como por la ley internacional, a pesar de las diferencias de opinión sobre este último punto, más motivadas por las consideraciones políticas que por las legales.

Las ejecuciones de terroristas reconocidos por parte de Israel se deciden no extrajudicialmente, sino a través de una cadena de mando claramente establecida, por lo que cumple con el principio de la autoridad responsable; en segundo lugar, cumplen tres requisitos establecidos por el asesor jurídico de las fuerzas armadas, a saber: que la Autoridad Palestina no haya hecho nada para capturar al terrorista; que Israel sea incapaz de detenerle; y que la ejecución se realice para impedir un ataque futuro, no motivada por la venganza o la represalia; tercero, la ejecución debe utilizar una fuerza no desproporcionada que afecte a civiles e inocentes; y cuarto, que la identidad del objetivo debe ser cuidadosamente contrastada a fin de impedir errores. Por cumplir todos estos requisitos las operaciones de los agentes secretos israelíes, su Corte Suprema ha dictado en sucesivas ocasiones sobre la legalidad de esta política que se lleva a cabo caso por caso y no de manera indiscriminada.

Desde el punto de vista de la legalidad internacional, es verdad que el asesinato ordenado por gobiernos es una violación de las normas al uso. Pero la cuestión a recordar aquí es que no estamos hablando de asesinatos de personajes políticos (lo que se tenía en mente en la convención de 1937), ni tan siquiera de civiles. Desde septiembre de 2001 sabemos muy bien que entre las categorías de combatientes y la de civiles ha surgido una nueva, la de "combatientes alegales", esto es, aquellos enemigos que no se comportan ni visten como soldados y que, además, no sólo no respetan las leyes de la guerra sino que la eficacia de su actuación se basa en no respetarlas.

Hasta septiembre de 2001 la distinción entre las dos categorías del derecho internacional, guerra y paz, estaban más o menos claras. Hoy sabemos que hay una zona gris, ni guerra tradicional, ni paz al uso, en donde se mueve con soltura el conflicto moderno. Y si no, que se lo digan al responsable del mayor número de ejecuciones discriminadas conocido: el presidente americano Barack Hussein Obama quien, gracias a sus Predator y similares, elimina tranquilamente a miembros de Al Qaeda en Yemen o talibanes y terroristas en Pakistán. O donde haga falta.

Un terrorista no es un civil cualquiera. Un terrorista palestino cuyo objetivo vital es acabar con el Estado de Israel y está directamente comprometido con esa causa, no es un civil inocente. Se acerca peligrosamente a la figura de combatiente y, por tanto, susceptible de ser eliminado con todas las de la ley. Es posible, si finalmente se descubre que han sido los israelíes, que eso haya sido lo que haya pasado. ¿Debe ser juzgada un primer ministro por ejercer su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos? Sería una completa locura.

No nos extrañaría que el antisemitismo patente de muchos en España motive a algún juez a iniciar una causa contra Netanyahu. No sería la primera vez que nuestros jueces estrellas de izquierda se arrancan contra oficiales israelíes. Pero muchos nos tememos que jamás emprenderán acciones contra Walid el guantanamero, al que la jurisdicción universal que abanderan muchos de nuestros magistrados les permitiría juzgarle y condenarle por asociación a banda armada y grupo terrorista. Pero ya se sabe, por complacer a Obama, el Gobierno nos fuerza a poner a un terrorista en la mesa.