Akmal Shaikh, un ciudadano británico de 53 años, cuyos familiares dicen que padece una enfermedad mental, será ejecutado el martes en China si el Gobierno no accede a las peticiones de clemencia de Reino Unido, la Unión Europea y sus familiares.

El Tribunal Supremo ha rechazado la apelación del detenido. Si se cumple el veredicto, se convertirá en el primer europeo en ser ajusticiado en el país asiático en los últimos 50 años, según sus abogados de la organización no gubernamental contra la pena de muerte Repreive.

Shaikh, propietario de un pequeño comercio en Londres, fue detenido en septiembre de 2007 en el aeropuerto de Urumqi, capital de la región autónoma de Xinjiang, con una maleta en la que portaba cuatro kilos de heroína. Él dice que no conocía el contenido. Sus familiares y Repreive aseguran que fue engañado por una banda de criminales para que llevara la droga con la promesa de que le ayudarían a comenzar una carrera en el mundo de la música. Shaikh padece desorden bipolar, una dolencia maníaco depresiva.

El Foreign Office afirma que China no ha tenido en cuenta el estado mental del acusado, que fue sentenciado en octubre de 2008, a pesar de las repetidas peticiones de su Gobierno y de la UE. El portavoz de Exteriores chino, Ma Zhaoxu, dijo en octubre que la Embajada británica no había ofrecido pruebas de que Shaikh sufriera tal trastorno de la salud, según la agencia oficial Xinhua.

En los últimos días, se han multiplicado las llamadas internacionales para que Pekín detenga la ejecución. En una carta dirigida al embajador chino en Londres hecha pública el viernes, su hermano Akbar escribe que su familia está profundamente convencida de que "Akmal debía encontrarse en un proceso ilusorio en el momento de su detención, y parece ser que otros se aprovecharon de su vulnerabilidad mental". "Apelamos, con el mayor de los respetos, a su sentido de la humanidad y la compasión, y le rogamos que salve esta vida por su bien y el de toda su amada familia". Akmal Shaikh tiene tres hijos.

El primer ministro británico, Gordon Brown, llamó este mes a su homólogo chino, Wen Jiabao, para interceder por el detenido, y el martes volvió a plantear el caso a las autoridades chinas para expresar su "consternación" porque la sentencia hubiera sido confirmada por el Supremo.

El responsable de derechos humanos para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, Philip Alston, ha instado a Pekín a que detenga la aplicación del fallo. "Tanto la ley china como la internacional indican claramente que una persona que ha cometido un crimen mientras sufre una enfermedad mental importante no debe ser objeto de la pena de muerte".

También ha dicho que nunca recibió respuesta a su petición al Gobierno, en octubre, para que revisara la decisión de los jueces chinos de negar a Shaikh una evaluación mental.

"Las autoridades judiciales chinas han gestionado este caso de forma independiente de acuerdo con la ley. El contrabando de drogas es un crimen grave en la práctica internacional. Durante todo el proceso, los derechos de litigio y los intereses del acusado han sido totalmente garantizados", ha defendido esta semana Jiang Yu, portavoz de Exteriores de China.

Por otro lado, Pekín anunció el jueves que otras cinco personas han sido condenadas a la pena máxima por su participación en las revueltas étnicas en julio en Xinjiang, en las que murieron 197 personas y más de 1.600 resultaron heridas, según el balance oficial. La sentencia eleva así a 22 el número de condenados a muerte o ejecutados por los disturbios.

China es el país que más personas envía al patíbulo del mundo: al menos 1.718 el año pasado, según la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional. El número real se desconoce, ya que el Gobierno lo considera secreto de Estado, pero se cree que es muy superior. La fundación estadounidense Dui Hua calcula que en 2008 fueron ejecutadas 6.000 personas en el país asiático.