Cuando creíamos que se acercaba la restauración de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, un nuevo episodio lo puso a trastabillar.
 
El fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, dictó orden de captura y pedido de extradición contra el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Freddy Padilla de León.
 
En Quito, el fiscal José Alvear explicó que el juez de Sucumbíos pidió la captura y extradición del general Padilla porque con el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fueron los que ordenaron el ataque al campamento de las Farc en territorio ecuatoriano en marzo de 2008 que dejó 24 personas muertas, entre ellas a 'Raúl Reyes', quien fuera vocero internacional de la guerrilla de las Farc y a otros guerrilleros más que tenía su campamento en suelo ecuatoriano.

El hecho de inmediato despertó la furia del gobierno colombiano que salió a defenderlo como hiciera con el ex ministro Santos. Hablaron todos en tono grandilocuente (menos el Canciller que es el único que ha debido hablar), aunque el impasse no lo había creado el gobierno ecuatoriano sino un fiscal autónomo.
 
 El ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, dijo que la solicitud era una "agresión jurídica"; el ministro del Interior y de Justicia un comunicado afirmó que esa orden "claramente viola las normas y principios del derecho internacional":  y el presidente Álvaro Uribe puso un tono más drmático aún: "Expreso nuestro dolor, nuestro rechazo a la decisión del juez ecuatoriano de ordenar la captura del señor general Freddy Padilla de León, comandante de nuestras Fuerzas Militares".
 
Por eso el gobierno colombiano suspendió una reunión entre autoridades de ambos países que estaba programada para este viernes en Ibarra, Ecuador, y siguiendo con el tono exagerado, Silva dijo:  "Yo no voy a poner en riesgo a nuestros oficiales para que los vuelvan carne de cañón y un espectáculo jurídico y político", afirmó  Silva.
 
El único sensato fue el canciller Jaime Bermúdez. Simplmente afirmó que era una decisión desafortunada "porque los dos estados y los dos países están tratando de normalizar las relaciones".
 
Paradójicamente, mientras medio gobierno colombiano se rasgaba las vestiduras y congelaba el diálogo, el otro medio celebraba una decisión, esta sí del gobierno del Ecuador. El vecino país, tal y como se había comprometido levantó la salvaguarda que había impuesto el 11 de julio pasado, a 400 productos colombianos, que corresponden a 319 partidas arancelarias.
 
La medida que adoptó el propio presidente Rafael Correa levanta los impuestos que pagaban estos productos colombianos, los cuales le representaron a Colombia, según informó el diario Portafolio, exportaciones por 242 millones de dólares en 2008.
 
Con esta decisión ya son  999 partidas arancelarias las que pueden entrar productos al Ecuador sin pagar gravámenes. El ministro colombiano de Comercio Exterior, Luis Guillermo Plata, celebró que Ecuador haya cumplido los acuerdos que firmaron hace poco menos de dos meses para desmotar gradualmente la salvaguarda cambiaria, que imponía gravámenes a los productos colombianos. 
 
Frente a la decisión del fiscal de Sucumbíos, el gobierno de Correa fue más cauto que el colombiano. El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, explicó que los jueces y fiscales de su país son autónomos en sus decisiones. “El gobierno ecuatoriano no tiene capacidad constitucional y por eso no podemos intervenir en sus procesos judiciales”. Y dijo que su gobierno quería seguir conversando con Colombia. 
 
Puestos en frío los hechos de la intensa semana que han tenido las relaciones colombo-ecuatoriana se podría concluir que,  si la  dramática reacción del gobierno colombiano a la decisión de un fiscal menor no pasa a mayores, y se consigue continuar el diálogo, lo se podrá retomar el por buen camino, provechoso para ambos lados. 
 
Si las partes logran seguir por la senda que abrieron la mediación del gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, y la tarea profesional de los Cancilleres, podrán pronto restaurar la confianza mutua y normalizar el comercio que tanta riqueza trae a ambos países.
 
Los habitantes de la frontera son quienes más están pidiendo a gritos que las relaciones se normalicen, pues son ellos los primeros afectados.