La corrupción le ha costado al país cuatro billones de pesos que se han dejado de invertir en obras de interés público.

Eso dijo el procurador Alejandro Ordóñez este martes en un discurso en el Congreso de la República donde dio cuentas de su gestión contra los funcionarios que roban dineros de la nación.

Según dijo Ordóñez, en este momento hay más de 48 mil funcionarios investigados, producto de las denuncias que interponen los mismos ciudadanos contra funcionarios que posiblemente están quedándose con recursos públicos. De ese total de investigaciones hay más de 860 alcaldes y más de 30 gobernadores.

Pero los procesos avanzan lentos porque “no tenemos la infraestructura funcional adecuada para ser eficaz y eficiente, pronto y cumplido”, admitió el Procurador.

La solución que está implementando Ordóñez es escoger “casos emblemáticos de corrupción” en los municipios, departamentos y a nivel nacional para sancionarlos en tiempos reales. “Eso quiere decir que durante los periodos de los funcionarios, cuando todavía estén ostentando la investidura”, dijo.

Es que la situación que se presenta ahora es que muchos funcionarios terminan sancionados cuando ya no ejercen el cargo. Hay alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, en fin, que resultan destituidos y con sanciones disciplinarias muchos años después de haber dejado sus puestos.

“Socialmente sirve de muy poco que al cabo de muchos años se sancione o se destituya a alguien cuando ni siquiera se recuerda por qué razón, por qué motivo, qué función desempeñaba”, comentó Ordóñez.

Por eso, el funcionario quiere escoger unos 70 casos emblemáticos para castigar a esos funcionarios mientras ejercen sus cargos. Con esto, según Ordóñez, “lograremos enviar claros mensajes a los corruptos”.

El Procurador también dijo que, como parte de los castigos que impondrá a los funcionarios corruptos, está la extinción de dominio, una figura que pocas veces se ha utilizado para estos casos.