En primer lugar, la expresión de una alucinada sorpresa ante una violencia inexplicable que no obedece a planteamiento racional alguno ya que el conjunto de las nacionalidades minoritarias no sólo disfrutan de iguales derechos a los hanes, sino que, además, disponen de mejoras singulares ya nos refiramos al acceso a la educación, representatividad política o natalidad, por citar algunos ejemplos. ¿De qué se quejan?, puede uno escuchar en China con inusitada facilidad ante crisis como las vividas recientemente en Xinjiang o en Tíbet.

En segundo lugar, la religión es una constante que ejerce una función de coraza incordiante que al PCCh le cuesta franquear. Pese a los intentos de domesticación institucional, lo cierto es que tras esa llamativa parafernalia intervencionista en las cuestiones de fe, las conciencias permanecen relativamente libres e inmunes a los intentos no ya de sucumbir al ateísmo, que no es el caso, sino de resistir ese dejarse llevar por los deseos oficiales de folklorizar actitudes religiosas y convertirlas en simulacro adaptado a los requerimientos y gustos, a veces un tanto papanatas, todo hay que decirlo, del turismo occidental.

En tercer lugar, el factor exterior, obviamente irrenunciable, un viejo tic que hunde sus raíces no ya en el bagaje autoritario al uso, sino en el imaginario ancestral chino cuando lo extranjero era sinónimo de bárbaro. Hoy día es un argumento para facilitar la cohesión nacional. Esa confabulación perversa (en este caso promovida por el Congreso Mundial Uigur) no pretendería otra cosa que sacrificar la convivencia armónica de las nacionalidades chinas en aras de impedir el objetivo de completar la emergencia del gigante asiático, cuidándose de elegir para ello fechas cargadas de especial significación y simbolismo, como es el caso ahora de la próxima celebración del sexagésimo aniversario de la fundación de la República Popular China.

En cuarto lugar, los hanes (92% de la población) son víctimas de la irracionalidad y de la ira, y no los adalides de la negación. No es el Gobierno, ni el Ejército, ni la Policía quienes reprimen, sino que éstos exhiben una meticulosidad preventiva tal que raya en la irresponsabilidad frente al deber de protección de ciudadanos inocentes que sufren las consecuencias de una deliberada y escrupulosa inhibición. La violencia irracional surge contra una colectividad (en unas décadas los han pasado del 6% al 40% de la población en Xinjiang) que no persigue otra cosa que contribuir con su actividad al desarrollo de unas comunidades consideradas ´pobres y atrasadas´.

A estas cuatro consideraciones debemos añadir una doble reacción: criminalización y propaganda. Lejos de activar un proceso que a la par sugiera alguna forma de autocrítica constructiva y con visión de futuro, la acusatoria de que todo el peso de la ley caerá sobre los alborotadores y la multiplicación de informaciones en los medios chinos que combinan las excelencias de la transformación en las zonas de conflicto, cierran el círculo y contribuyen a inmunizar hipótesis de solidaridad o comprensión mal entendida con unas demandas supuestamente planteadas fuera de tiempo y de lugar.