La vida política activa en Rusia se ha reanudado desde la segunda década de enero. El año político ha comenzado de forma significativa, a saber: con la reunión que en el Kremlin celebró el Consejo Anticorrupción dependiente de la presidencia de la Federación Rusa. Es de creer, por ende, que los dirigentes de Rusia - el Consejo está integrado únicamente por estadistas de máximo nivel, o sea, el primer ministro, titulares de ambas cámaras del parlamento, presidentes de tres máximos tribunales y el primer vicejefe de la administración presidencial - han definido uno de los aspectos fundamentales de la política del Estado para 2004.

El Consejo Anticorrupción dependiente de la presidencia de Rusia fue instituido a propuesta del Gobierno en noviembre de 2003. Es un órgano consultivo que tiene adjuntas dos comisiones: para la lucha contra la corrupción y para la ética oficial. Sus funciones se reducen a elaborar recomendaciones, adoptar medidas e iniciativas en materia de la lucha contra abusos de autoridad en las estructuras del poder. Al frente del Consejo está el primer ministro Mijaíl Kasianov, y de la labor de las dos comisiones están encargados el vicepremier Boris Alioshin y el primer vicejefe de la administración presidencial, Dmitri Kozak.

Es evidente para todos que la corrupción frena el crecimiento económico, debilita el poder y desmoraliza a la sociedad. Según los sondeos de opinión realzados durante muchos años consecutivos, la población del país piensa que es justamente la corrupción uno de los problemas más graves de la Rusia de hoy. Es cierto que la gente se muestra bastante confundida en lo respectivo a qué es corrupción. Al contestar a esta pregunta, unos se refieren a la "privatización salvaje" de la década del 90 y el grupo de los llamados oligarcas que surgió a raíz de la misma; otros califican de corrupción las arbitrariedades que cometen policías de tránsito, mientras que los terceros se refieren al papeleo y a la venalidad de funcionarios en los órganos del poder locales.

El problema de la corrupción viene preocupando a la sociedad rusa desde hace muchos años. Se habló del mismo desde el comienzo de las reformas y fue en ese momento cuando las autoridades declararon una cruzada por la pureza de sus filas. A mediados de los años 90, por ejemplo, el presidente Yeltsin promulgó un decreto mediante el que obligaba a los funcionarios públicos a declarar sus bienes y los de sus parientes. Hubo tiempos en que estaba vigente la norma según la que los órganos fiscales debían detectar importantes transacciones de ciudadanos: por un valor superior a 3 mil dólares, e interesarse por las fuentes de sus ingresos.

Pero estas medidas no aportaron fruto alguno. En cuanto a los altos funcionarios, ellos presentaban declaraciones de las que se desprendía que carecían de bienes en absoluto... Las autoridades no tenían ni tiempo ni posibilidades no instrumento legal para investigar lo declarado. Hace un año el Gobierno renunció también a controlar grandes adquisiciones porque todo eso era en vano. Resulta que en las condiciones actuales de Rusia este control es absolutamente imposible por falta de un sistema bien establecido y de un respectivo aparato estatal capaz de asumir esta difícil misión.

Para ser justos debemos decir que la corrupción es un mal que ataca no sólo un país pobre como Rusia que acaba de embarcarse por la vía de la economía de mercado y de la construcción de una sociedad democrática, sino también a sociedades desarrolladas y prósperas. De vez en cuando se divulgan noticias sobre escándalos vinculados con la corrupción en países como Francia, Gran Bretaña, EE.UU. y otros. Ello demuestra que la corrupción representa un problema grave, con raíces hondas y ramificadas y que, lamentablemente, aún no existen métodos polivalentes de combatir este mal.

En el transcurso de toda la década del 90, la Duma de Estado (cámara baja del parlamento) no pudo adoptar ni una ley de la corrupción ni código de conducta de los funcionarios públicos, si bien proyectos de ley fueron presentados reiteradamente al parlamento. Sin embargo, las autoridades de ahora no piensan estar de brazos cruzados.

Al hablar en la reciente reunión del Consejo Anticorrupción, el presidente Putin definió varios aspectos del "ataque principal". Se trata de la necesidad de perfeccionar la legislación, excluyendo de la misma "cláusulas susceptibles a una doble interpretación y contradicciones internas". Es establecer un control permanente - incluido el ejercido por la sociedad - de las actividades de los órganos del poder. También se trata de sanear el aparato administrativo y formar un cuerpo funcionarial transparente cuya labor debe ser dignamente retribuida. Es evidente que la labor del Consejo Anticorrupción coincide con los esfuerzos del Kremlin por llevar a la práctica las reformas administrativa y judicial en Rusia, así como se enmarca en las medidas encaminadas a desmantelar el tipo oligárquico de la economía nacional.

Además, la lucha contra la corrupción adquiere un carácter muy especial dos meses antes de las elecciones presidenciales en Rusia. A fines de 2003, en Rusia se llevaron a cabo una serie de aparatosos y especulares campañas de lucha contra la corrupción en las filas de los funcionarios del Ministerio del Interior, lo que elevó el prestigio del ministro Boris Grizlov y del partido "Rusia Unida" que preside en vísperas de las elecciones parlamentarias del pasado 7 de diciembre. Fueron detenidos seis altos funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Muchos ciudadanos en Rusia consideran también como medida anticorruptiva la detención del magnate petrolero Mijaíl Jodorkovski, el hombre más rico de Rusia y propietario de la empresa YUKOS.

Pese a que, según sondeos de opinión, el 82 por ciento de los ciudadanos de Rusia no creen en la posibilidad de acabar con la corrupción, quedarán agradecidos a Vladimir Putin por su empeño en erradicarla.