Sin embargo, la procuradora general -que encabeza la investigación- admitió ayer que es pronto aún para saber si el grupo está involucrado o no en la maniobra. «Los detenidos ocupaban cargos apenas por debajo de la presidencia, tenían mucha autonomía dentro de la empresa; por ahora no hay indicios de que la dirección del grupo Camargo Correa haya tenido conocimiento de este esquema ilegal», dijo a los medios brasileños Karen Jeanette Kahn, procuradora de la República.

El operativo policial, llamado «Castillo de Arena», se desarrolló en el edificio que tiene el grupo en San Pablo, y los detenidos -junto con otros dieciséis empleados, ejecutivos y «clientes»- están acusados de delitos como asociación ilícita, lavado de dinero, evasión en el manejo de divisas y hasta de hacer aportes ilegales a partidos políticos.

En una primera defensa, Camargo Correa dijo en un comunicado que aún no tuvo acceso a la investigación y se manifestó «perpleja» por la acción policial. «Camargo Correa manifiesta su perplejidad ante los hechos ocurridos esta mañana, cuando su sede de San Pablo fue invadida y aislada por la Policía Federal, cumpliendo un mandato de la Justicia», afirma el documento. «El grupo reitera que confía en sus directores y funcionarios, y repudia la manera en que se llevó a cabo la acción, la que traerá perjuicios incalculables a la imagen de sus empresas», tras insistir en que cumple de manera rigurosa con todas sus obligaciones legales.

A nivel local, los habituales voceros de Camargo Correa en la Argentina afirmaron no tener más información que la que aparece en los medios brasileños. «Estamos esperando novedades desde San Pablo; desde ya, nos apoyamos en un todo en el comunicado oficial dado a conocer en Brasil», afirmó el vocero.

De acuerdo con las autoridades judiciales brasileñas, la maniobra habría resultado en la remesa de unos u$s 12 millones (30 millones de reales) a paraísos fiscales, monto que se habría destinado a varios fines ilícitos, entre ellos el financiamiento de fuerzas políticas.

Refinería

También el grupo se habría beneficiado en unos u$s 15 millones con la sobrefacturación de la construcción de una refinería de petróleo en Recife (nordeste del país) construida por orden de Petrobras y la estatal venezolana PDVSA, y que fuera visitada hace poco por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pesar de los sofisticados sistemas de comunicaciones que utilizaban los complotados, la Justicia detectó sus frases clave: «El conejo ya comió» se usaba para cuando una operación se había completado, y «el canguro saltó» para hablar de la suba del dólar en el mercado paralelo, según explicó al diario O Globo la funcionaria judicial que encabeza la investigación.
Los ejecutivos presos son Fernando Dias Gomes, director y miembro del consejo de auditoría y control del grupo; Darcio Brunato, también miembro del directorio de la auditoría; Pietro Francisco Bianchi, un ingeniero jubilado designado consultor; Raggi Badra Neto, director de la división Obras Públicas.

Sin embargo, los pedidos de captura no se limitan a los mencionados: la policía busca ahora a otras dieciséis personas. Según la Policía Federal (PF), el grupo movía dinero cuyo origen no podía justificarse a través de empresas «fantasmas» y operaciones conocidas como dólar-giro. Los delitos podrían resultar en penas de hasta 27 años de prisión.

El Ministerio Público Federal de San Pablo reveló que la maniobra incluía la entrega de contribuciones financieras a partidos políticos, que no identificó, y tampoco los nombres de quienes recibían esos fondos dentro de los partidos.
Ayer permanecía clausurada la entrada principal del complejo edilicio que tiene Camargo Correa en Vila Olimpia (San Pablo), que alberga a varias de las empresas del grupo, en el que trabajan alrededor de 2.000 empleados.

El grupo le compró Loma Negra en abril de 2005 a Amalia Lacroze de Fortabat, por la que pagó u$s 750 millones. Poco después sus ejecutivos admitieron que estaban «mirando» la textil Alpargatas, por la sencilla razón de que también eran dueños la empresa del mismo nombre en Brasil y compartían la marca Topper. Esa intención comenzó a concretarse en octubre de 2007, cuando pagaron u$s 35 millones al contado por el 35% del capital de la empresa que no flotaba en la Bolsa. Posteriormente lanzaron una OPA por el resto del capital, que se cerró a fines del año pasado y se quedaron con un 100% de las acciones.