El Gobierno no reabrirá este año ninguna negociación con el Fondo Monetario. “Es imposible políticamente en el año electoral”, explica un alta fuente del Gabinete. El FMI sorprendió esta semana al anunciar que en los próximos meses una misión del staff de técnicos volverá a monitorear a la Argentina bajo el esquema del llamado artículo IV. Es la tradicional evaluación anual de la economía que el organismo realiza en todos sus países miembros, aunque no haya ningún acuerdo vigente. Desde 2006, tras la cancelación de la totalidad de la deuda con reservas, la administración K rechazó esa revisión, como una señal política de que no admitía la más mínima injerencia de la entidad en los asuntos internos. Pero ese estudio no implica ningún tipo de condicionamiento: la última publicación del Fondo del artículo IV corresponde a la Bolivia de Evo Morales, a quien no se nota muy pendiente de los burócratas de Washington.

¿Qué cambió ahora? “Nada, sólo que ellos están interesados en acercarse”, responde el funcionario. Otra fuente, en cambio, afirma que la revisión del artículo IV es necesaria para que el Banco Mundial y el BID accedan a refinanciar los vencimientos –por cerca u$s4.000 millones– de este año. Desde 2003, la Argentina realiza pagos netos a esos organismos.

En el Gobierno aseguran que no necesitan del Fondo para afrontar los vencimientos de deuda de 2009.

En los cálculos oficiales, después del canje de préstamos garantizados y la refinanciación de créditos con el Banco Mundial y el BID –que en la Rosada dan por descontada– quedará pendiente una factura para este año de 12.000 millones de dólares.

La apuesta es cubrir casi la totalidad con superávit fiscal: la meta presupuestaria es de 33.000 millones de pesos. Y el resto con fuentes de financiamiento “alternativas”, como las reservas del Banco Central y crédito del Banco Nación.

Sin embargo, como la recaudación flaquea, para alcanzar ese nivel de superávit habrá que “pisar” el gasto público y recortar transferencias a provincias.

El nuevo escenario internacional enfrenta a Néstor Kirchner con una paradoja. En el pasado, un acuerdo con el Fondo era sinónimo de ajuste. Hoy, para prescindir del FMI, el Gobierno deberá también podar el gasto público. Justo cuando la mayoría de los países apela a políticas fiscales expansivas para sostener el consumo interno y el empleo.

PLANILLAS. Desde su llegada al poder, Kirchner monitorea a diario la evolución de los ingresos fiscales y de las reservas, las dos variables clave en su manual de gobernabilidad. Los números de la recaudación de febrero, que se difundirán el lunes, confirman la tendencia de los últimos meses. Los ingresos fiscales se incrementaron 13% (incluidos los aportes de los ex afiliados a las AFJP), respecto de igual mes del año pasado, con una estrepitosa caída de los impuestos al comercio exterior. En enero, la recaudación había aumentado sólo el 11 por ciento.

Para tener una idea del malhumor del ex presidente cada vez que puntea por estos días las planillas de la AFIP, bastan dos datos: en 2008 la recaudación creció el 39%, y en 2007, el 35 por ciento.

Si el Gobierno pretende aplicar una política keynesiana en el año electoral, tiene dos alternativas. O “reprograma” más vencimientos de deuda, o deberá echar mano a una porción mayor de las reservas para cubrir esos compromisos.

IR AL GRANO. La estrategia del Banco Central de elevar gradualmente el dólar parece haber encontrado un límite. En los últimos días, se multiplicaron las compras de minoristas, que prefieren apostar a lo seguro a dejar sus depósitos a tasas del 12 por ciento. El titular del Banco Central, Martín Redrado, jura que con el dólar a $3,60 no hay atraso cambiario. Tras la devaluación de Brasil, otros funcionarios dudan. La idea en marzo sería planchar la cotización alrededor de los valores actuales.

Pero, si no se quieren perder las preciosas reservas, es fundamental que los productores agropecuarios empiecen a liquidar los granos acopiados en silos bolsa en los campos. En el Gobierno estiman que son unos 3.000 millones de dólares.

El proyecto de nacionalización del comercio exterior que dejaron trascender desde el oficialismo es interpretado desde la mesa de enlace como una estrategia de negociación. “Saben que vamos a la reunión del martes con el tema retenciones, y contraatacan para apurar la liquidación de granos”, decían ayer en la Federación Agraria. En la Rosada, en cambio, responden que el borrador del proyecto existe y que podría anunciarlo Cristina mañana, en la Asamblea Legislativa.

BLANQUEO EN JAQUE. La administración K apostaba a que el blanqueo de capitales –que se abre desde el lunes hasta el 31 de agosto– pudiera aportar “dos bienes” escasos por estos días: recaudación adicional y divisas en el mercado cambiario. Sin embargo, en la mesa chica de Olivos acusan a Martín Redrado de boicotear la iniciativa. Dicen que no avisó que era necesario introducir un artículo en el proyecto de ley que liberara a quienes repatriaran capitales de las sanciones de la ley penal cambiaria, cuya autoridad de aplicación es el Banco Central. Así, aquellos que fugaron capitales después de 2002 no podrían regularizar su situación. Sólo un nuevo proyecto de ley, que el Gobierno no enviará, podría enmendar el “error”. Tras pagar un enorme costo político, el blanqueo quedó jaqueado antes de empezar. La única bala de plata que le queda ahora al fisco es la moratoria impositiva.

ZURDITOS. El derrumbe del muro de Wall Street barrió con todos los preconceptos de la ortodoxia neoliberal, que reinó desvergonzada durante las últimas décadas. Un año atrás, nadie hubiese imaginado que el mayor accionista del Citicorp sería hoy el Estado norteamericano, con derecho a exigir cambios en el directorio de la entidad.

Por estos días hay dos debates que marcan el cambio de época en la primera potencia mundial. Mientras la crisis financiera no encuentra un piso y la recesión avanza, Paul Krugman lidera la corriente de economistas que abogan por la nacionalización de bancos en Estados Unidos. Desde sus columnas en el New York Times, Krugman se ha convertido en un implacable crítico de Ben Bernanke, el titular de la Reserva Federal, y del secretario del Tesoro de Obama, Tim Geithner. El último premio Nobel de Economía sostiene que el paquete de estímulo fiscal de administración demócrata debe ser mucho mayor que el anunciado hasta ahora. Dice que la política de inyectar fondos públicos para salvar al sistema financiero sólo creó “bancos zombis”, que no colocan nuevos créditos ni aligeran la carga de los deudores. Y considera que es tiempo que el Gobierno tome el control de esos bancos para prestar, sin intermediarios, a la economía real.

Desde el último otoño, los mayores bancos –como el Citi y el Bank of America– fueron capaces de mantenerse en el negocio porque sus contrapartes creen que hay una garantía implícita del gobierno sobre sus obligaciones”, explica. Y agrega que, a cambio de rescatar a estas entidades, es lógico que el Estado demande lo que “cualquier caballero blanco del sector privado demandaría”, la propiedad.

La otra discusión es todavía más provocativa. El dream team de los economistas (Arrow, Freeman, Blinder, Rodrik, Solow, Lawrence, Laura Tyson, Jadish Bagwati, Sachs, Thurow, y siguen las firmas), progres y ortodoxos, publicaron una solicitada en la que reclaman a Obama una proyecto de ley para estimular la sindicalización de los trabajadores norteamericanos, como una política antirrecesiva. Cuentan que sólo el 7,5% de los trabajadores en Estados Unidos es miembro de un sindicato, pese a que más del 50% manifiesta que estaría interesado en afiliarse. Atribuyen esta situación al poder de las patronales que combaten la sindicalización, a veces violando las leyes vigentes. Y estiman que la falta de negociaciones colectivas es uno de los motivos de la pésima distribución del ingreso, aun en tiempos de crecimiento, en relación con otros países desarrollados. “La suba de la marea levanta todos los botes cuando el regateo entre los trabajadores y la dirección de la empresa se lleva a cabo relativamente entre partes equivalentes. En las décadas recientes, todo el poder de negociación residió en el empresariado. La actual recesión debilitará aún más la capacidad de los trabajadores para negociar individualmente. Más que nunca, los trabajadores necesitan actuar juntos”, declaran. No son peronistas ni socialistas ni anarquistas. Sugiero buscar el currículum de cada uno en internet.

En la Argentina los nostálgicos de los noventa suelen asociar una mayor intervención estatal o el avance del sindicalismo como una vuelta al pasado. En Estados Unidos en realidad están discutiendo el futuro.