La riqueza gasífera Si no hubieran venido las empresas petroleras internacionales —a las que despectivamente se las llama transnacionales—, a estas horas no habría motivo de discordia en el país. Sencillamente no existiría el gas natural que ahora se pretende aprovechar.

El área de interés hidrocarburífero en el país tiene una extensión de 33.500.000 hectáreas, que cubre las zonas tradicionales y no tradicionales. El área bajo contratos de riesgo compartido para la exploración, explotación y comercialización representa sólo el 5,93 por ciento de aquel inmenso potencial, o sea que el 94,07 por ciento se halla libre, sin ser explorado y eventualmente explotado. Esta información fue recientemente proporcionada por la Vicepresidencia de Negocios Internacionales y Contratos de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y difundida por la Agencia Boliviana de Información (ABI) el 7 de abril pasado.

De lo anterior, se establece que Bolivia reúne condiciones para ser motivo de un gran proceso de exploración y explotación. Todo lo que hace falta es que existan las inversiones, la tecnología y la dirección adecuadas para aprovechar esta riqueza que, según estimaciones anteriores, sería esencialmente gasífera. YPFB, en los 50 años que tuvo el monopolio de la exploración y explotación hidrocarburífera, apenas desarrolló una mínima parte del potencial existente en el país, debido esencialmente a su falta de capitales y a un mayor desarrollo tecnológico. O sea que, por su cuenta, no se habrían llegado a acumular reservas probadas y probables de 54 trillones de pies cúbicos de gas, en apenas seis años (1997-2002), si acaso no venían al país casi una decena de compañías internacionales a poner en evidencia tal volumen de riqueza gasífera.

Los bolivianos no deberían olvidar, en momento alguno, que tales empresas vinieron a Bolivia atraídas por las condiciones favorables que se les ofrecían para incursionar en el negocio hidrocarburífero. Con anterioridad a la Ley 1689, dictada durante el primer gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se aprobó otra ley —durante el gobierno del ex presidente Jaime Paz Zamora— que ofrecía distribuir las utilidades de las empresas al 50 por ciento con el Estado. En los años de vigencia de esta ley, lamentablemente, no se dieron los resultados obtenidos con la legislación posterior.

Esta experiencia es la que condujo a mejorar las condiciones para operar en Bolivia y sólo así se logró lo que ahora, con tanta soberbia, se quiere administrar. Si no hubieran venido las empresas petroleras internacionales —a las que despectivamente se las llama transnacionales—, a estas horas no habría motivo de discordia en el país.

Sencillamente el país no tendría disponible el gas natural que ahora existe para aprovecharlo. Éstos son los hechos reales, lo demás es pura especulación. No obstante, lo que también hay que tener en cuenta es que los 54 trillones de gas encontrados podrían ser sólo el comienzo de otros grandes hallazgos, teniendo en cuenta —cabe reiterar— que únicamente el 5,93 por ciento del potencial hidrocarburífero de Bolivia ha sido tocado. El resto está por encontrarse, pero para ello seguirá siendo indispensable contar con grandes capitales de inversión, una tecnología de avanzada y una dirección experimentada, todo lo cual es monopolio de las grandes compañías petrolíferas del mundo. Sin estos requisitos, el país corre el riesgo de quedarse tan sólo con lo que ha logrado hasta ahora.