Hace un tiempo atrás se hizo claro que el intento del presidente Evo Morales de importar el modelo socialista autoritario de Hugo Chávez polarizaría su país en sus líneas geográficas y étnicas arriesgándose a la desintegración, o la guerra civil. En vez de comprometerse, el Sr. Morales solamente intensificó sus esfuerzos a través de una nueva Constitución que concentra el poder en sus manos privilegiando a las comunidades indígenas de las tierras altas a expensas del resto del país.

El resultado es que Bolivia está al borde de un conflicto civil que podría desestabilizar a la región entera.

Uno de los cinco departamentos que han rechazado las políticas del Presidente está ahora ocupado por el Ejército y bajo ley marcial, después de un enfrentamiento que mató alrededor de 30 personas en los pasados cinco días.

Militantes de ambos bandos recurrieron a la fuerza. En el departamento de Santa Cruz, manifestantes han saqueado y ocupado oficinas del Gobierno. Fuerzas anti-Morales incluso interrumpieron los envíos de gas natural a Brasil, el más valorado comprador del país. Los gobernadores de la oposición merecen la culpa por tolerar, al menos, la violencia de sus partidarios.

Aún así, el Sr. Morales se queda como el jefe provocador boliviano. Envalentonado por su victoria en un pasado referéndum en agosto, intentó agendar otro referéndum para su Constitución, que hace crecer más su autoridad. Ignoró que los gobernadores de la oposición también ganaron su reconfirmación en el lado de sus tierras, y que la Constitución fue ilegalmente ratificada por un grupo de asambleístas del cual fue excluida la oposición. Ordenó a los trabajadores de la ayuda estadounidense dejar la provincia en la que crece la coca, donde estaban trabajando en programas de desarrollo; luego, expulsó al Embajador de Estados Unidos, un profesional respetado, con la espuria razón de estar fomentando la rebelión.

Una cumbre de los presidentes latinoamericanos en Chile, ayer (por el lunes) intentaba abrir espacios para la negociación. Para que eso suceda, el Sr. Morales tendrá que aceptar que no puede imponer su agenda en la mitad oriental de Bolivia, y deberá trabajar hacia el compromiso constitucional que antes rechazó. El Sr. Chávez está haciendo lo posible por extender la crisis, incluso amenazando con intervenir militarmente en Bolivia. Pero Estados Unidos tienen apalancamiento, también.

Bolivia recibe 100 millones de dólares anuales en ayuda y son 30.000 trabajos en este país —que es el más pobre de Sudamérica— que dependen de la renovación de las preferencias arancelarias que expira en diciembre. La administración y el Congreso deberían enlazar el tratado arancelario a un acuerdo entre el Sr. Morales y la oposición, para que pongan fin al uso de la fuerza de parte de ambos lados y que se preserve la democracia liberal.

*Publicado ayer en el diario Washington Post, de EEUU.
Traducción La Razón.