Su testimonio la semana pasada ante el tribunal ecuatoguineano que le juzga por su participación en el golpe frustrado de 2004 ha reavivado una historia de película, en la que el posible papel desempeñado por España es todavía uno de los cabos sueltos de la trama.

Hijo de un capitán de la selección inglesa de cricket, y educado en Eton -el colegio más elitista de Gran Bretaña- y en la prestigiosa academia militar de Sandhurst, Mann abandonó la unidad de élite del ejército británico (S.A.S.) para participar en 1993 en la creación en Suráfrica de Executive Outcomes, la empresa de seguridad privada que puso helicópteros de ataque y fuerzas especiales al servicio de gobiernos como los de Angola en 1994 y Sierra Leona en 1995, y de empresas privadas como el gigante de los diamantes, DeBeers Diamond Corporation.

«Personas como Mann son un vestigio del pasado, mercenarios dispuestos a usar sus armas por dinero, lo suficientemente arrogantes como para pensar que podían ejecutar con éxito el golpe de estado contra Obiang», explica Adam Roberts, periodista de «The Economist» y autor de un libro sobre el plan, «The Wonga Coup» (2006).

Mann fue detenido el 7 de marzo de 2004 en el aeropuerto de Harare (Zimbabue), junto a 66 mercenarios que viajaban rumbo a Guinea. El día 9, la policía de Obiang arrestaba en Malabo, capital ecuatoguineana, a un segundo grupo de 15 mercenarios capitaneado por Nick du Toit, un conocido paramilitar surafricano vinculado al Apartheid. El golpe había fracasado estrepitosamente. Ahora, la productora Miramax prepara una película basada en el libro de Roberts, según explica a ABC el propio autor.

Tanto Mann, que se enfrenta a una condena de 32 años, como el régimen de Obiang, han apuntado como cerebro al magnate libanés afincado en el londinense barrio de Chelsea, Eli Calil, que habría contado con la financiación de, entre otros, Mark Thatcher, hijo de la ex primera ministra británica, para llevar al poder en Malabo al opositor guineano, Severo Moto. Moto, un controvertido opositor guineano que ha gozado del estatus de refugiado político en España desde 1986 hasta 2005, fue condenado el pasado 16 de abril a prisión por la Audiencia Nacional por tráfico de armas.

Vuelo desde Canarias

Que el relato de la intentona golpista se base en las confesiones de mercenarios sin escrúpulos, realizadas en celdas y salas de juicio de países con dudosas credenciales democráticas como Zimbabue y Guinea Ecuatorial, constituye el punto más débil de la trama. Amnistía Internacional denunció el pasado día 20 que al menos tres de los seis ecuatoguineanos procesados junto a Mann han sido «objeto de tortura».

Otro ejemplo es el piloto surafricano Crause Steyl, encargado de recoger en Canarias a Moto para llevarle en avión a Malabo, con escala previa en Bamako, capital de Mali. Steyl se ha mostrado siempre convencido de que el golpe contaba con la aprobación del Gobierno español, puesto que tanto él como Severo Moto pudieron regresar a territorio español -sin visados de entrada- después recibir un sms en pleno vuelo con el anuncio de que el complot había sido descubierto.

«Un hombre muy bien vestido, aparentemente un agente de inteligencia, acudió al aeropuerto, habló durante diez minutos con Moto y, tras devolvernos nuestros pasaportes, nos dijo que éramos libres para marcharnos», declaró Steyl en febrero de 2007 en el proceso que se siguió en Pretoria (Suráfrica) contra el golpe. De nuevo, no es más que la palabra de un mercenario.

Sin embargo, en la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 27 de marzo, en la que anula la decisión del Gobierno español de revocar el estatus de refugiado político de Moto, el Alto Tribunal considera «acreditado» -basándose en dos informes de la Policía y del Centro Nacional de Inteligencia- que Moto y «otras personas llegadas en un bimotor privado, de matrícula surafricana» coincidieron «en fecha de 7 de marzo de 2004 en las pistas del Real Aeroclub de Gran Canaria», desde donde despegan juntos con rumbo a Bamako, según la sentencia, «regresando a las 5.30 del día siguiente al aeropuerto de Gando, donde, tras ser interrogados por la Policía, que no adopta medida alguna contra los mismos», se alojan en sendos hoteles del sur de la isla.

El Gobierno español, tanto en la era Aznar como con el actual ejecutivo socialista, ha rechazado siempre haber tenido conocimiento o participación alguna en el golpe. «España rechaza categóricamente estas acusaciones», explica un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. En el caso británico, el entonces ministro de Exteriores, Jack Straw, reconoció a finales de 2004 en el parlamento que su Gobierno tuvo noticia del intento de golpe el 29 de enero.

España «se inhibe»

El intento de golpe contra Obiang constituye una piedra incómoda en la política exterior española hacia el único país hispanófono de África, que fue colonia española hasta 1968. «La comunidad internacional está pendiente de España a la hora de definir la actuación en Guinea Ecuatorial, pero España se inhibe ante la falta de libertades y una miseria que se mantiene o aumenta en el país con el PIB que más crece del mundo», afirma Adolfo Fernández Marugán, secretario de la Asociación Española de Solidaridad con Guinea Ecuatorial (Asodegue).

Desde que las petroleras estadounidenses Mobil Oil y UMC descubrieron grandes reservas de petróleo «offshore» en 1995, Guinea Ecuatorial se ha convertido en el tercer productor africano de crudo. Su posición estratégica explica que Condoleezza Rice se refiriera en abril de 2006 a Obiang -que visitará la Expo de Zaragoza en julio- como un «buen amigo». «La exclusión de las compañías petroleras españolas de los lucrativos contratos ofrecidos por Guinea en los primeros años de su «boom» petrolífero fue fuente de un resentimiento considerable en el Gobierno y la industria española», cree Edward Burke, analista de Fride, que prepara un informe al respecto para «Foreign Policy en español».

Las relaciones entre Madrid y Malabo alcanzaron su máxima tensión en 2004, cuando la fragata «Canarias» y el buque «Patiño» zarparon el 29 de enero de la base naval de Rota (Cádiz) en dirección al Golfo de Guinea. Según un informe del Real Instituto Elcano de febrero de 2004, el jefe de la misión «fue avisado con extraordinaria urgencia y con gran secreto». Un día después de haber zarpado, la misión fue suspendida. A día de hoy, los detalles y motivos de la misión sólo son conocidos por unos pocos oficiales del Mando Operativo Naval de la Armada, que tiene orden de no informar sobre la misión, según ha sabido ABC de fuentes militares.