Acompañadas por representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Reyna Soto Navarro, Eusebia Villa Tilicia, Fortina Cruz Ortega, María Ortega Candia y Celestina Remigio Bernardino, denunciaron las detenciones ilegales de sus maridos quienes, aseguraron, fueron acusados sin fundamento por el homicidio de Alejandro Feliciano García, informante del Ejército mexicano en la región, ocurrido el 31 de diciembre del año pasado.

Las indígenas presentaron su denuncia ante el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, quien acudió con una comisión de otros legisladores al penal de Ayutla, donde se encuentran recluidos los indígenas detenidos por militares.

Los indígenas Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina y Raúl Hernández Abundio, fueron detenidos el pasado 17 de abril.

Son miembros de la Organización Indígena del Pueblo Me’phaa (OPIM), quienes en la víspera habían participado en una movilización en la cabecera municipal de Ayutla para demandar apoyos por el incremento en el precio del fertilizante.

La traductora de las indígenas, Otilia Eugenio Manuel, representante de las Brigadas Internacionales de Paz, señaló que las detenciones tienen la intención de mermar a la organización indígena y vincular a sus miembros con la guerrilla que opera en esa región del estado de Guerrero, en específico el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

El abogado de los indígenas, Vidulfo Rosales, destacó que, desde la integración de la averiguación previa, la consignación y la orden de formal prisión contra los indígenas, se cometieron diversas irregularidades, como no haberles proporcionado un traductor.

“Ellos fueron detenidos por un grupo de militares, efectivos de la AFI y de corporaciones policíacas del estado, cuando viajaban en una camioneta. Permanecieron incomunicados durante siete horas, tiempo en el que fueron torturados sicológicamente y en el que se les preguntaba por los grupos guerrilleros, así como por los miembros de la OPIM”, señaló el abogado, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Las cinco mujeres acusaron a un grupo de caciques vinculados con el Ejército, Romualdo Remigio y cuatro de sus hermanos, así como a otro pariente de éstos, Onésimo Guzmán Remigio, de abusos, que van desde el desvío de recursos de programas sociales, hasta el continuo señalamiento de los miembros de la OPIM de estar vinculados con los grupos guerrilleros.

Destacaron que, desde que las tropas ocupan las comunidades y los caminos de la montaña de Ayutla, “no podemos salir de nuestras casas a trabajar, por miedo a los guachos (soldados), porque es frecuente que en los caminos violen a las mujeres”.

Las mujeres se refirieron, como parte de los abusos continuos a las comunidades indígenas, a la esterilización forzada de la que fueron víctimas en 1998 catorce hombres –uno de ellos Manuel Cruz Victoriano, uno de los detenidos--, con la promesa de mayor canalización de recursos para apoyar a su comunidad, promesa que nunca se cumplió y que fue motivo de recomendaciones, primero de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado (Coddehum), en 2004, y a finales de 2007, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en las que se pide al gobierno estatal indemnizar a los afectados.

Las mujeres exigieron justicia, y afirmaron que los caciques que mantienen atemorizada la región, andan armados y hostigan a la población, y no son molestados por las autoridades, en tanto que los indígenas que se organizan para exigir sus derechos son catalogados de guerrilleros.

El diputado perredista Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, anunció que este miércoles se presentará un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para exigir la disminución de la presencia militar y el esclarecimiento de los crímenes